El pasado 18 de octubre de 2020 cambió abruptamente la vida de Tomás Chávez Quiroz, joven de 18 años de edad que cumplía su sueño de estudiar Pedagogía en Química en la USACH. Sólo un día antes había comenzado a trabajar para la empresa PedidosYa, repartiendo en bicicleta, cuando fue atropellado en el sector Valle Volcanes en Puerto Montt. Tomás estuvo internado en el Hospital de la capital de la Región de Los Lagos y fue trasladado hace unas semanas hasta el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en Santiago, donde permanece grave, en coma, con daño cerebral y múltiples fracturas.
Su tío, Felipe Chávez, reveló que “la empresa PedidosYa miente, no ha estado en contacto con la familia, no ha prestado ningún apoyo, no tenemos conocimiento de ninguna empresa aseguradora. Van 25 días que mi sobrino está en coma, después de estar dos semanas en riesgo vital. Hasta hoy los médicos no pueden decir en qué condiciones va a quedar Tomás, si va a poder retomar su vida y continuar su carrera de Pedagogía en Química que estaba cursando en la Universidad de Santiago».
En tanto, el diputado Fidel Espinoza argumentó que “aquí no estamos solo por Tomás; Tomás es un caso que nos duele en el alma porque su familia está profundamente herida por lo que está viviendo, pero aquí estamos también por las miles de personas que trabajan para este tipo de empresas. Dejemos de utilizar el concepto ‘aplicaciones’, éstas son empresas que tienen RUT, que tienen dueños. Aquí hay empresas que tienen que hacerse responsables, sólo en Puerto Montt hay más de mil personas trabajando para distintas empresas de reparto de alimentación en pandemia”.
El parlamentario agregó que “queremos marcar un precedente para proteger a los miles de trabajadores de este tipo de empresas que se han hecho millonarias en esta pandemia”.
A su vez, el abogado Francisco Paredes aclaró que “el accidente fue laboral, no un accidente común. Tomás prestaba servicios bajo subordinación y dependencia para PedidosYa Chile SpA, que tiene un RUT, domicilio y representante legal. No es una aplicación, es una empresa que usa medios tecnológicos para contratar a las personas. Tomás trabajaba bajo subordinación y dependencia y recibía una remuneración a cambio. Andaba en bicicleta sin ningún elemento de protección, sin que la empresa le haya proporcionado siquiera un casco. El Decreto Supremo 594 obliga a las empresas a proporcionar los elementos de protección personal que deben ser gratuitos, certificados y con instrucción de su uso».
El jurista sentenció que «a los repartidores les obligan a comprar un traje de agua (8 mil pesos), la caja para llevar los encargos (40 mil pesos) y la chaqueta (20 mil pesos), siendo que además generan publicidad para la empresa. La precariedad laboral hay que dejar de romantizarla, cuando a ellos les dicen que son ‘colaboradores’, ‘riders’, o ‘emprendedores’, eso es una vulgar mentira. Ellos son simples trabajadores que lo hacen en condiciones precarias, más de 8 horas diarias, sin condiciones de seguridad, sin Seguridad Social, sin estabilidad en el empleo».
Francisco Paredes adelantó que interpondrán acciones judiciales laborales para que los tribunales especializados puedan declarar la relación laboral «y con ello se apliquen las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de seguridad que impone el contrato. Eventualmente iniciaremos acciones civiles y, si hay mérito e infracciones a normas como la Dirección del Trabajo ya ha empezado a fiscalizar, también interpondremos acciones criminales en contra de los representantes de estas empresas por algún tipo de figura legal, que básicamente puede ser el cuasidelito de lesiones”.
Consultado el abogado si el permiso colectivo de trabajo que la empresa tramita ante la Comisaría Virtual para poder ejercer la actividad constituye un indicio de relación laboral, Paredes respondió que «es un elemento que puede servir para una presunción» y que el juez evaluará en su momento. Referente a lo mismo el diputado Espinoza declaró que “es tan deshumana la actitud que tuvo PedidosYa, que incluso siguió pidiendo permisos colectivos de trabajo para Tomás, cuando él se debatía entre la vida y la muerte en el Hospital de Puerto Montt; cinco días después todavía habían permisos a nombre de Tomás Chávez”.
Situación de otros repartidores
En tanto otros repartidores de la empresa denunciaron que sus ingresos han disminuido y no cuentan con seguro, ni con los materiales necesarios para cuidar su salud en pandemia. “Le hemos pedido explicaciones al supervisor y al hoy ex manager de la zona sur, y no nos han respondido el por qué nos desmejoran cuando hay un incremento en la demanda y ganancias sustanciales para la empresa”.
“Este es un trabajo donde día a día el repartidor se arriesga, se hace responsable por el pedido, por el pago, por el cobro. Ponemos nuestros vehículos e incluso el dinero que llevamos para retirar los pedidos en los locales es de nuestro bolsillo”.
«A los autos les pagan 400 pesos por retirar el pedido, 250 pesos por entregarlo y 300 pesos por cada kilómetro recorrido. Si hacemos esa suma es nada, porque te estás arriesgando por menos de dos mil pesos diarios por pedido. Lo que veníamos ganando hace aproximadamente un mes y medio atrás nos alcanzaba para cubrir los gastos diarios, mantener los vehículos, guardar para un seguro. Si antes un repartidor ganaba entre 1 millón y 1 millón doscientos mil pesos trabajando desde las 10 de la mañana a las 12 de la noche, con sólo una hora de colación, hoy día en el mismo horario se ganan 800 mil pesos y no hay una explicación lógica y justa de por qué lo bajaron cuando hay un aumento de la demanda», concluyó el repartidor de la empresa.