La decisión del juez de Garantía, Juan Manuel Escobar, de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva para los principales implicados en el denominado «Caso Penta» durante esta mañana en Santiago, fue valorada por el senador socialista Rabindranath Quinteros, indicando que «aquí lo que hemos visto es a la justicia trabajando como debe trabajar, y eso debe darnos tranquilidad como sociedad porque nadie puede estar por sobre la ley».
El parlamentario señaló que los organismos acusadores – Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado – presentaron un caso sólido y bien documentado en esta etapa del proceso. Agregó que, además, se está entregando un mensaje potente respecto de no mezclar la política con los negocios, “soy partidario de generar una legislación dura para evitar los nudos entre actividad política y los intereses económicos que limite las reelecciones y que castigue con la pérdida de su cargo a quien viole las normas referidas al financiamiento de las campañas”.
Cabe recordar que el magistrado Escobar decretó prisión preventiva – por el plazo de investigación de 120 días – para los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, Hugo Bravo (ex director del holding Penta), Marcos Castro (ex contador de las empresas), Iván Álvarez (ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos) y Pablo Wagner (ex subsecretario de Minería en el gobierno de Sebastián Piñera). La medida más severa dentro de las cautelares personales será cumplida en el anexo Capitan Yáber de Gendarmería, en espera de que la parte defensora presente la apelación que debería ser discutida en la Corte la próxima semana.
El ex senador UDI, Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval, representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros, quedaron con arraigo nacional y firma semanal en una Comisaría de Carabineros. Manuel Tocornal quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional y Juan Martínez con arresto domiciliario nocturno.
El legislador comentó que los antecedentes aportados por la Fiscalía “resultaron lo suficientemente sólidos como que el juez determinara que estos representan un peligro para la seguridad de la sociedad y que por lo tanto deben ir a prisión preventiva mientras se realiza la investigación”.