A fines del año 2014, el concejal de la UDI, Ariel Guzmán, interpuso ante el Tribunal Electoral Regional, una denuncia por notable abandono de deberes en contra de la concejala del PS, Jimena Vargas, tras haber sido contratada por el municipio para desempeñar funciones en un servicio traspasado, tal es el Departamento de Salud Municipal de Puerto Varas.
El requerimiento del edil UDI fue patrocinado por el abogado y ex seremi de Justicia en la Región de Los Lagos, Marcos Velásquez, que en parte del oficio presentado, denominado «Requerimiento de Inhabilidad» se expone en el punto e y f: “La denunciada concejala JIMENA DEL CARMEN VARGAS GOMEZ, al tenor del artículo 75 de la Ley 18.695, se encontraba imposibilitada suscribir los contratos de prestación de servicios que la unía con la Municipalidad de Puerto Varas. Esto, pues la denunciada no se encuentra en la hipótesis de excepción habilitante para profesionales no directivos, debido a que no tiene un título profesional, pues sólo posee un título de técnico en turismo, el cual, a mayor abundamiento, tampoco se encuentra en nada vinculado al área de la salud que es donde se desempeñó la denunciada por 6 meses sin dar cuenta en ningún momento de su inhabilidad al Honorable Concejo Municipal.
(f) Una vez que esa situación se hizo pública, la Municipalidad de Puerto Varas debió solicitar la renuncia a la concejala contratada a honorarios, y con fecha 08 de abril del año en curso (2014), la concejala denunciada presentó su renuncia a la prestación de los servicios, la que fue aceptada”.
En este contexto, durante la tarde de este viernes 30 de enero, la parte acusadora tuvo que presentar a quienes participan como testigos de la denuncia, por lo cual llegaron a las dependencias del Tribunal Electoral Regional, los puertovarinos Juan Antonio Canales y el abogado, Hernán Raimann.
Así, tras finalizar la audiencia, el abogado Marcos Velásquez señaló que “los testigos vienen a dar fe la existencia de los contratos que tuvo la concejal Jimena Vargas con la Municipalidad de Puerto Varas y agregaron algunos detalles respecto al impacto que esto ha tenido en la comunidad y en la gestión del municipio, y los cuestionamientos al interior del propio Departamento de Salud, por los montos que se le pagaron por funciones que no están muy claras si se prestaron o no, el último contrato fue de un ingreso de $1 millón de pesos mensuales».
El jurista agregó que «la formación de ella (Jimena Vargas) es Técnico en Turismo y la comunidad podrá juzgar, como lo tendrá que hacer el Tribunal, cuál puede ser el aporte de un Técnico en Turismo en un Centro de Salud Familiar. Y los funcionarios que trabajan en la Salud Municipal en Puerto Varas o en otro lugar, sabrán si se justifica pagarle $1 millón de pesos mensuales a un Técnico en Turismo. El tema si eso es compatible o no con la labor de un concejal es lo que tiene que resolver el Tribunal Electoral y es lo que nosotros pensamos que hay bastantes normas y jurisprudencia que los concejales no pueden ser contratados por el municipio. Los testigos son Juan Antonio Canales, él fue la misma persona que pidió una investigación originalmente a Contraloría; Contraloría establece la existencia de los contratos y los pagos pero también dice que ellos no se pueden pronunciar respecto a la cesación que es un tema que le corresponde al Tribunal Electoral y así lo planteamos. El otro, es un colega de Puerto Varas que ejerce la profesión ahí, don Hernán Raimann, que también tuvo conocimiento como un ciudadano más de Puerto Varas preocupado y que ha visto el impacto que ha tenido en la comunidad este tipo de contrataciones”.
Consultado Velásquez sobre los siguientes pasos dentro de la causa, el abogado explicó que “el próximo lunes en la tarde tienen que declarar los testigos en favor de la concejal. Los testigos que ellos están presentando son el alcalde (Álvaro Berger), el consejero regional Manuel Rivera y funcionarios. Esa prueba testimonial se toma el lunes a las 15 horas”.
Respecto a su declaración, presentada en favor del requerimiento presentado por Ariel Guzmán ante el Tribunal, Juan Antonio Canales destacó “me han pedido que sea testigo de la parte acusatoria del tema de la concejal, Jimena Vargas, relacionada con las contrataciones a honorarios que ella mantuvo durante un periodo en el municipio de Puerto Varas. No pude menos que aceptar en atención a que me siento responsable por la denuncia que hice en Contraloría, también la hice ante el Concejo Municipal en su debido momento, y lo denuncie públicamente en un medio de prensa (El Heraldo Austral). Creo que ha pasado mucho tiempo y de no haber mediado la intención de establecer los hechos del concejal Ariel Guzmán, esto sería una anécdota».
Canales reconoció al concejal Guzmán «la valentía de haber denunciado para que estos hechos no se repitan en el futuro» y añadió que «considero que también debe estar aquí una acusación en contra del concejal Héctor Jacob. Además de la responsabilidad que le cabe al alcalde, a la administradora municipal, a la persona encargada de la Unidad de Control, al abogado asesor y finalmente a todos aquellos que intervinieron en este acto administrativo. Espero que se haga justicia, confío plenamente en que los malos actos de las personas deben ser identificados, todo el mundo debe saber quién es quién, y que se limpie la Administración Pública, que los actos sean transparentes y dejemos de lado el interés personal en beneficio del interés general”.
Foto gentileza de Mario Cárdenas.