Las asociaciones de funcionarios municipales de las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes decidieron paralizar durante los días martes 28 y miércoles 29 de agosto acusando que las autoridades del poder central no han cumplido los compromisos contraídos con los municipios en relación a una salida política del pago del incremento previsional.
La Federación que agrupa a 23 asociaciones y 21 comunas de esta región llamó a sus bases comunales a unirse en estas jornadas de paralización para repudiar la actitud de la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) «que han instalado una persecución sistemática en contra de los funcionarios municipales, de las regiones de la Araucanía, Los Ríos y los Lagos, interponiendo demandas de nulidad de derecho público, que buscan anular los avenimientos judiciales que se han acordado en las municipalidades de esas regiones».
La procedencia de la deuda es antigua. En 1980 el Decreto Ley 3.501 establecía un bono compensatorio el que debía ser pagado sobre el sueldo imponible, y no el sueldo base. El cambio debió verse reflejado desde febrero de 1981, pero sólo se realizó sobre el sueldo base, que como se sabe es de menor ingreso.
El objetivo del incremento era mantener el monto líquido de las remuneraciones que perciben los funcionarios, evitando la disminución que les afectaría a causa del aumento de cotizaciones que pasaron a ser cargo del trabajador con el cambio del sistema previsional.
La Contraloría General de la República dictaminó (N 8.466) el 22 de febrero de 2008 que el pago debía ser por el total del sueldo y que éste debía ser retroactivo. Así cada municipalidad reaccionó de manera distinta, lo que provocó funcionarios clase A y clase B, ante el mismo grado.
Los funcionarios indicaron que luego la Contraloría General de la República se desdijo, por lo que algunas municipalidades cortaron el respectivo pago, provocando una desigualdad en cada comuna.
Las federaciones del sur hicieron presente en el Comité Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, celebrada en la ciudad de Puerto Varas, la necesidad de propiciar un acuerdo de alcaldes y alcaldesas que busquen una salida política, que favorezca a todos los funcionarios municipales de Chile y detener las situaciones de desigualdad producidas en torno a la cancelación del incremento compensatorio previsional.
En la llamada declaración de Puerto Varas se indica “en materia de incremento previsional, el Gobierno debe urgentemente buscar un mecanismo de solución para regularizar una situación, que de continuar así, puede traer funestas consecuencias a los municipios de chile y a sus funcionarios, exigiendo lo anterior una salida política”.
Los trabajadores municipales de la región de Los Lagos, lamentaron llegar a utilizar estas medidas de presión, «pero cuando el Ejecutivo no cumple la palabra empeñada, el trabajador debe solicitar la solución a sus problemas por otras vías, una de ellas es este movimiento».
“Llamamos a la comunidad a no concurrir a los diversos servicios de la Municipalidad como el Departamento de Tránsito o la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), pero en caso de emergencia, catástrofe o incendio los servicios comunitarios prestarán sus servicios, ya que nos encontraremos en las dependencias municipales de brazos caídos y habrá turno ético” señaló el presidente de la Asociación de Funcionarios a Contrata de Puerto Montt, Asemuch Reloncaví, Juan Leiva.