Las redes sociales han cumplido, positiva o negativamente, un rol fundamental en los últimos años en diversas temáticas transversales a las preocupaciones de la sociedad, aunque existen situaciones en que los comentarios emitidos a través de esta vía son utilizados como base para fundamentar hechos que podrían vulnerar la libertad de emitir opiniones a través de internet.
El periodista Felipe Chávez Escobar, quien trabajó desde enero del 2012 hasta el 24 de abril del mismo año, en radio Bío Bío de Puerto Montt, entabló junto al abogado Héctor Ulloa, una demanda de tutela de derechos fundamentales en contra de la emisora, acción judicial originada por el despido anticipado debido a que tenía contrato hasta el 31 de mayo. Felipe Chávez denunció haber sido desvinculado de la radio por haber emitido expresiones contra el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter (ver segunda imagen) en el marco de las movilizaciones sociales en Aysén, a través del muro de Facebook del periodista al cual tienen acceso sólo sus amigos, fuera del horario laboral y desde un computador personal.
El comunicador indicó que en una conversación sostenida con el gerente de radio Bío Bío, Mauro Mosciatti, éste le dijo que su despido se concretó como «una muestra de fuerza» e incluso el jefe de prensa en la zona sur al hablar con Chávez le mostró un papel escrito a mano en donde plasmaron las expresiones vertidas por el profesional en su muro de Facebook.
Felipe Chávez argumentó tener sospechas que se ejerció presión para desafectarlo desde la emisora luego de una entrevista que hizo en vivo al ministro Laurence Golborne una semana antes de su despido que se produjo el 24 de abril recién pasado, «existen sospechas, aunque no hay pruebas contundentes para denunciarlo así, que una autoridad de Gobierno bastante importante solicitó mi despido de la radio por este material luego de un monitoreo…existen sospechas fuertes contra el ministro de Obras Públicas Laurence Golborne a quien entrevisté una semana antes de mi despido y ‘destapé’ un contrato que estaba bien soterrado entre el ministerio de Obras Públicas y la empresa Empormontt en que le traspasaban 40 rampas de la región sin licitación previa, solicité toda la información a través de la Ley de Transparencia y en una entrevista en vivo le consulté por este tema al ministro Golborne quien claramente no tuvo respuesta para esto y probablemente a partir de eso se comienzan a urdir este tipo de represalias en mi contra porque cuando conversé personalmente con el gerente de la empresa señaló que él se veía obligado a tomar la determinación, a castigarme y que tenía que dar una muestra de fuerza«, señaló.
Frente a la situación la presidenta del Consejo Décima Sur del Colegio de Periodistas, Melissa Valenzuela, lamentó los hechos entregando todo el apoyo del gremio al profesional añadiendo que es una muestra de valentía ya que otras personas optan por guardar silencio frente a actos similares de grandes empresas en el ámbito de las comunicaciones. Junto a lo anterior el abogado Héctor Ulloa manifestó que esperan establecer un precedente para que se respete el principio constitucional de la libertad de emitir opiniones sin censura previa en todas las esferas, incluidas las redes sociales, y que pretenden obtener las sanciones pecuniarias que amerita la demanda laboral sumado a la petición de disculpas públicas por parte de radio Bío Bío hacia el periodista Felipe Chávez Escobar.