La Cámara de Diputados aprobó hoy el Informe de la Comisión Investigadora por Hidroaysén, que en 416 páginas, enumera los hechos que han rodeado la aprobación de este proyecto y las declaraciones efectuadas por numerosos invitados a la comisión, concluyendo la existencia de “un cúmulo de irregularidades y conflictos de interés” que, según lo precisado por el presidente de esta instancia investigadora, diputado DC Sergio Ojeda, “dejan a este proyecto es una situación aún más compleja, sumando un nuevo cuestionamiento a una obra que cuenta ya con un masivo rechazo”.
Según el diputado Ojeda, la comisión concluyó que “se ratifican todas las denuncias que se han hecho públicamente; éstas se traducen en modificaciones y alteraciones de informes técnicos y pronunciamientos a favor de Hidroaysén; cambios a última hora de inconforme a conforme, hechos bajo presión; incompatibilidad e inhabilidades de varios seremis y alcaldes que debían emitir informes y que habrían recibido ayudas de Hidroaysén bajo supuesto principio de Responsabilidad Social de la Empresa; entre otras irregularidades”.
Ojeda agregó que “hubo contravención a la Convención de Washington sobre Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, ratificada por Chile, que obliga a los Estados a un Pronunciamiento Legislativo, a través del Congreso Nacional, cuando los Parques Nacionales son alterados y enajenados. Se hizo la evaluación con falta absoluta del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Hubo, además, omisión de la participación ciudadana.”
El diputado Patricio Vallespín, uno de los parlamentarios que presentó recursos de protección por Hidroaysén, manifestó que “el informe aprobado hoy agrega la existencia de vicios de origen y efectos negativos para el ecosistema en la implementación del proyecto; una iniciativa que es aberrante desde el punto de vista medioambiental”, asegurando “que todas estas irregularidades detectadas y ratificadas por los funcionarios públicos que asistieron a la Comisión dejan al descubierto los vicios de forma y de fondo que afectaron al proceso de evaluación. Esto le resta valor a la Evaluación y estas conclusiones debieran ser consideradas por el Consejo de Ministros que verá en algún momento el recurso correspondiente”.
Finalmente, Vallespín precisó que “este informe será un documento importante para ser tenido en cuenta ante cualquier Organismo Internacional al que se quiere recurrir, para dejar sin efecto los procesos de evaluación viciados. Por desgracia, estas irregularidades se suman a los vicios procesales observados en la Corte Suprema de Justicia, donde dos ministros debieran haberse inhabilitado por incompatibilidad de intereses, circunstancias parecidas a las observadas en el Ministerio de la Vivienda, Mideplan, Obras Públicas, Intendenta Regional, Minería, Economía, etc. en el proceso de evaluación”.