El ministro Jorge Zepeda Arancibia dictó sentencia en la investigación por el denominado episodio Juan Maino Canales, proceso ligado a la investigación por la denominada Colonia Dignidad.
El magistrado condenó a los siguientes ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y miembros de la ex Colonia Dignidad:
-Manuel Contreras Sepúlveda: 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizando Ormaechea.
-Carlos López Tapia: 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizaondo Ormaechea.
-Eugenio Fieldhouse Chávez: 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice de los secuestros calificados Juan Maino Canales, Antonio Elizondo Ormaechea y de Elizabeth Rekas Urra.
-Gerard Mücke: 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice de los secuestros calificados Juan Maino Canales, Antonio Elizondo Ormaechea y de Elizabeth Rekas Urra.
-Johan van den Berg: 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice de los secuestros calificados Juan Maino Canales, Antonio Elizondo Ormaechea y de Elizabeth Rekas Urra.
La sentencia, de 136 páginas, estableció que el 26 de mayo de 1976 la DINA detuvo y trasladó a “Villa Grimaldi” a las víctimas, quienes pertenecían al movimiento político “MAPU”, y, además, les sustrajo sus vehículos.
Los agentes de la DINA, para facilitar la comisión de los crímenes, contaron con la colaboración de “Colonia Dignidad”, dirigida por el líder Paul Schafer.
Con “Colonia Dignidad” los agentes de la DINA coordinaron la persecución, secuestro, tortura y desaparición de los opositores al régimen del general Augusto Pinochet. En este caso, tal colaboración incluyó la desaparición de los vehículos de las víctimas.
La sentencia sobreseyó por muerte a Paul Schafer, quien falleció encontrándose en prisión preventiva; al agente de la DINA Rolf Wenderoth, por no estar en “Villa Grimaldi” al ser sustraídas las víctimas; y sobreseyó temporalmente a Hartmutt Hopp, por estar prófugo en Alemania y haber el tribunal solicitado su extradición.
En el aspecto civil se condenó al Fisco y los condenados a pagar solidariamente $ 90.000.000 (noventa millones de pesos) a los familiares de cada uno de las víctimas como indemnización de perjuicios.