La multa de 600 Unidades Tributarias Anuales – equivalente a 279 millones de pesos – aplicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contra la empresa Copec por el derrame de más de 30 mil litros de combustibles producido en la planta Pureo cercana a Calbuco, motivó diversas reacciones en las autoridades de la zona.
El alcalde de Calbuco, Rubén Cárdenas, valoró que la sanción a Copec, «porque indica que hubo falta de prolijidad en su funcionamiento y que senta un precedente para que la empresa tome las medidas necesarias para que un hecho como éste no vuelva a ocurrir». A la vez Cárdenas expresó su disconformidad con la resolución argumentando que «independiente del monto, si es alto o no, este no soluciona el problema que causó en la comunidad y en la comuna, ya que si bien estos dineros ingresan a arcas fiscales no llegan a los afectados».
Junto con reiterar que la multa no repara el daño en la comuna Cárdenas señaló que el municipio seguirá apoyando los recursos judiciales interpuestos por las personas e instituciones, para obtener una real reparación y asegurar que hechos de esta ni de ninguna naturaleza vuelvan a ocurrir.
En tanto el diputado Patricio Vallespín dijo estar conforme con la sanción indicando que “esta multa confirma lo que siempre dijimos, que había negligencia y falta de resguardo que garantizara la seguridad en el funcionamiento de la planta”.
Vallespín recordó que el pasado 19 de octubre ofició al intendente Juan Sebastián Montes para que realice una fiscalización integral al funcionamiento de la planta Pureo, y en particular a la zona afectada por el derrama, “porque, ya que no se cumplió el compromiso de tener los resguardos de seguridad previos al funcionamiento, debemos evitar un nuevo accidente”.
A la vez la diputada Marisol Turres dijo que la multa aplicada «demuestra la seriedad de la fiscalización que hoy realiza nuestro Gobierno en esta materia. En el año 2004, ante un episodio mucho más grave de contaminación protagonizado por la misma empresa Copec, ocurrido en el entonces puerto petrolero de Puerto Montt, las autoridades de la época no se pusieron del lado de las personas, e incluso algunas de ellas insistían en prolongar la presencia de las instalaciones en la zona, lo que no se hizo por la oposición de la ciudadanía».
La parlamentaria consideró positiva la determinación de la SEC luego de la investigación realizada en la zona. ”Esta resolución de la Superintendencia, es una herramienta de gran utilidad para los vecinos que quieran demandar alguna indemnización por los perjuicios causados luego de este evento”.