Los ediles de las comunas de Puerto Montt, Llanquihue, Frutillar, Fresia y Maullín llegaron hasta la Corte de Apelaciones puertomontina para presentar una demanda contra el Estado con lo que se busca la restitución de los recursos invertidos en el área educacional desde que los establecimientos públicos fueron traspasados a las municipalidades, materia que hoy retoma vigencia al ser una de las peticiones estudiantiles el hecho que la educación vuelva a manos del Estado.
En ese sentido Rabindranath Quinteros, alcalde de Puerto Montt y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Los Lagos, puntualizó que con la presentación del libelo dan a conocer que el Estado no ha sido capaz de traspasar los recursos necesarios para entregar educación de calidad, «hemos creído necesario demandar al Estado porque dentro de algunos puntos está el tema de la desmunicipalización de la educación. Queremos que el Estado nos reembolse todos los recursos que han invertido los municipios para poder solventar la educación desde la década del 80 hacia adelante».
A su vez el alcalde de Frutillar Ramón Espinoza indicó que ningún parlamentario del país ha preguntado a los alcaldes cuál es la deuda en educación municipalizada «por lo que nos preocupa que se legisle a espaldas nuestras no recogiendo la realidad que vive cada comuna».
En tanto el abogado patrocinante de la causa, Braulio Sanhueza, sostuvo que la presentación se basa en que el Estado de Chile se encuentra obligado a proveer los fondos por las acciones que definan el Ejecutivo como el Legislativo y que comprometan el presupuesto de las municipalidades, «sobre todo municipios pequeños de la región de Los Lagos que se encuentran muy comprometidos financieramente por estas situaciones y eso es lo que se pretende remediar con esta demanda, una declaración de parte del tribunal en el sentido de que está obligado el Estado a proveer estos fondos y por otra parte que se haga devolución efectiva de los mismos». La cantidad de dinero a restituir, en caso de que la demanda sea favorable a los municipios, debe ser fijada pericialmente por el tribunal.