Ilegal fue declarada la detención del gendarme detenido por orden de la Fiscalía tras ser imputado de lesiones leves, presuntamente causadas a un funcionario
de la concesionaria Compass Group del complejo Penitenciario Puerto Montt, ubicado en el sector de Alto Bonito. Así lo determinó el juez Patricio Rondini durante una audiencia de amparo solicitada por el defensor penal público Nofal Abud, llevada a cabo el martes 10 de agosto a las 23 horas en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt.
Durante la audiencia, en la que estaba presente el fiscal de caso, Sergio Coronado, representantes de las asociaciones de funcionarios de Gendarmería y el seremi de Justicia, Marco Velázquez, se expusieron los hechos. Estos dieron cuenta de que cerca de las 9 de la mañana del martes Carabineros llegó hasta la cárcel de Alto Bonito para investigar una denuncia por lesiones leves hecha por un funcionario de la concesionaria, quien dijo haber sido agredido por el gendarme Pablo Moreira Moll.
En dicha visita sólo se recogieron antecedentes al respecto y no se realizaron detenciones. Luego, a las 14 horas carabineros aprehendió al funcionario público y lo trasladó hasta la Subcomisaría de Mirasol donde permaneció en una celda común.
Estos antecedentes fueron relevados por el defensor Nofal Abud para sostener que la detención fue ilegal ya que no se hizo con una orden judicial, amparándose –supuestamente- en la situación de flagrancia, que no correspondía debido a que “la policía no puede volver sobre su decisión y 5 o 6 horas más tarde determinar que sí estaba ante una situación de flagrancia y llevar a cabo la detención de esta persona”. Además, Nofal Abud, subrayó que no se dispuso ninguna medida de segregación especial en la detención, con claro riesgo para la integridad física del gendarme.
El magistrado en su resolución –que dejó sin efecto la detención- acogió las alegaciones del defensor penal público y declaró que no existió flagrancia, que la medida del fiscal era desproporcionada en relación con el delito que se estaba investigando y reparó en las condiciones en las que se encontraba detenido el gendarme.
Frente a esto el fiscal Coronado optó por formalizar al funcionario público por el delito de lesiones leves y tras ese acto se fijó un plazo de investigación de 40 días, en los que el gendarme permanecerá sin medidas cautelares.