Tal como dijera el dirigente de la CUT y ANEF, Jorge Cumming Ibar, los «parientes pobres» del Ministerio de Justicia – Gendarmería, Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), SENAME y Registro Civil – se encuentran en alerta. Los funcionarios de la CAJ a nivel nacional iniciaron un paro que se extendera hasta el jueves 9 de julio, fecha en que posiblemente la ANEF se movilizaría a nivel nacional, en apoyo de las demandas de Gendarmería y la Corporación de Asistencia Judicial.
A juicio de Cumming, el Ministerio de Justicia, junto al de Educación, ha sido una de las contrapartes más complicadas para negociar, «ninguno de los organismos que dependen de Justicia, CAJ, Sename, Registro Civil y Gendarmería, han estado exentos de movilizaciones y conflictos», sentenció.
En tanto Raúl Méndez, abogado de la CAJ Puerto Montt, mencionó que son más de 700 los funcionarios a nivel nacional que se han plegado al paro, en demanda de claros petitorios que se relacionan con un proyecto de ley que está elaborando el Ministerio de Hacienda y cuyos puntos desfavorecen el avance de la organización, «El nuevo proyecto no da preferencia a la continuidad laboral de los trabajadores, pretende que se rijan por el Código del Trabajo, sin embargo se les exige la responsabilidad de un funcionario estatal». Ante esta dualidad Méndez hizo un llamado a la Presidenta Bachelet para que «quienes escuchan sólo el diálogo interior y no escuchan el diálogo de sus compatriotas sean sacados de sus puestos».
La paralización puede significar un colapso en la tramitación de causas en tribunales, especialmente en procedimientos de Familia, donde unas 6 audiencias diarias de cada abogado de la CAJ, se han suspendido, asi también la atención de público. Pese a todo expresaron que, de ser necesario, la movilización será «hasta las últimas consecuencias», no descartando que se transforme en paro indefinido.
Consultado por la sobrecarga de trabajo que podría representar la entrada en vigencia en la región de la nueva Justicia Laboral, el 30 de octubre de 2009, Méndez expuso que la situación es compleja ya que ahora sólo hay un abogado contratado en jornada completa para materias laborales. Agregó que «algunos organismos llamados a hacer justicia no asumen ciertas áreas y derivan los casos a la CAJ»»no es posible que existan sólo dos receptores autorizados por la Corte de Apelaciones para la CAJ, cuando tienen que notificar en Llanquihue, Puerto Varas, Calbuco, Maullín, Puerto Montt»
Enfatizó en que la actitud del Ejecutivo ha demostrado «incongruencia, falta de criterio y sentido común, no puede funcionar un organismo sin los requerimientos mínimos de personal, no basta con que inventemos una nueva reforma y recontratemos a nuevos colegas si vamos a seguir en lo mismo», concluyó.
Por: Mauricio Sáez E.