Denuncia se realiza a partir de dos actas emitidas durante el mes de Julio
Como intervencionismo electoral catalogó la emisión de dos actas la diputada del distrito 57, Marisol Turres. Los argumentos de la parlamentaria se basan en el acta oficial de gabinete ampliado realizado el 7 de Julio del presente año.
De acuerdo a los dichos de la diputada, existen tanto un acta oficial como una no oficial, en donde quedaría demostrado el intervencionismo electoral por parte de la Moneda.
“Lo importante de destacar aquí, primero, una vez más reafirmar la idea que es penoso que el gobierno esté preocupado hoy día y que la Intendencia regional y los servicios públicos estén más preocupados en la próxima elección; la Concertación se está jugando la vida, como ellos mismos dicen, y que por tanto, van a trabajar con los candidatos a alcaldes de la Concertación, en vez de poner todos sus esfuerzos y todo su empeño en realizar un trabajo para el cual la Presidenta de la República fue elegida, que es para manejar el Gobierno y cada una de las autoridades fueron designados por el gobierno para efecto de realizar su trabajo”, señaló la parlamentaria.
La diputada argumenta que tras pedir una copia del acta del gabinete ampliado, ésta se les hizo llegar con 10 días de retraso, constando ésta de tan sólo una hoja. Sin embargo, la parlamentaria añadió que: “la verdad que como hay mucha gente de la Concertación que están cansados de ver el uso y el abuso que se hace de los recursos públicos, nos hicieron llegar una copia del acta que fue hecha circular a través de un correo electrónico”.
“De alguna manera éste acta nos pone en el tapete el nombre del Ministro del Interior, porque se dice que en la reunión sostenida el viernes 27 de junio con el Ministro del Interior, Sr. Edmundo Pérez Yoma, él señaló que el Intendente regional tiene la suma de las voluntades políticas en la región, siendo quien utilice el trabajo político electoral. El Gobernador de la provincia de Llanquihue, Sr. Oscar Valenzuela, señala que es necesario el incorporar a los parlamentarios concertacionistas en la toma de decisiones regionales para evitar conflictos”.
Sin dudar, Marisol Turres, señala que esta misiva “tampoco es algo que se les haya ocurrido en la zona, sino que son órdenes directas que vienen de la Moneda”.
Se pedirá a la Contraloría que investigue el caso
De acuerdo a los antecedentes expuestos en conferencia de prensa por la diputada Turres, pedirán que la Contraloría General de la República, realice una investigación para determinar el grado de intervencionismo electoral a partir de recursos que se están destinando hacia la ciudadanía.
“Por lo tanto, vamos a solicitar a la Contraloría General de la República que realice una investigación porque aquí claramente se están alterando y se están vulnerando las normas de probidad y las normas de transparencia, los recursos del Estado no están para efectos de ser usados con fines electorales, los recursos del Estado están para mejorar la calidad de vida de la gente y para darles mejores oportunidades y vemos que hoy en día quien gobierna está más preocupada del poder que de realizar de manera eficiente el trabajo para el cual fueron elegidos”.
Para la parlamentaria no habrían dobles lecturas, debido a que: “cuando se toca en esta sesión de gabinete el tema de la reforma provisional, el SEREMI del Trabajo hizo entrega a las autoridades una agenda de pago de pensiones, agenda que nosotros vamos a solicitar, de carácter regional con el objeto que existan a la máxima cantidad de entrega, se refiere a los candidatos de la Concertación. Es más, señala que hay 4741 personas que tienen derecho a pensión y que los Gobernadores de las diferentes provincias tienen que citar a los alcaldes de la Concertación para la entrega de bonos y pensiones en los diversos Centros de Pago de sus comunas. Es decir, esto literalmente es un cohecho disfrazado de asistencia social”.
La parlamentaria se refirió a que esté toda ésta información relativa a la entrega de las pensiones, sumado al hecho que se estaría usando la lista de beneficiarios, se llevarían a cabo con fines políticos electorales.
Por su parte consultada, frente al hecho que habría una mala interpretación de palabras sobre éstos acontecimientos, la diputada fue tajante: “ese es un problema entre el Intendente y el Seremi de gobierno, lo que tenemos claro es que aquí alguien miente, o miente el intendente o miente la Seremi de Gobierno, pero el que miente debe dejar su cargo porque no puede seguir contando con la confianza política ni con la confianza de los ciudadanos para realizar su pega”.
A pesar de la información entregada por la Diputada Turres, se ha señalado que ésta segunda acta (no oficial), no cuenta con firmas, por lo cual, no sería un documento oficial que se pueda usar como forma de acusar a la Concertación sobre Intervencionismo electoral.
Por: Jim Andrade.
Fotos: Mauricio Sáez Elgueta.
