Crónica Libre

Han pasado alrededor de cinco meses desde que sus hogares fueron allanados el 13 de agosto de 2009 por orden del fiscal Sergio Coronado Rocha, producto de ser acusados de un atentado incendiario contra las oficinas de SalmonChile ocurrido el 4 de mayo de 2009 en Puerto Montt.

Se trata de Héctor Kol, biólogo y asesor de la Asociación Gremial de Organizaciones de Pescadores Artesanales de Aysén (AGO) , Ricardo Casas Mayorga y Jaime Bustamente Ojeda, ambos dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Paulo Rojas Ramírez, Asistente Social y Alejandro Triviño Guerrero, C.E.G (menor de edad), Pedro Guerrero Guerrero y Francisco Mancilla Barrientos, los últimos cuatro pertenecientes a la organización basada en Puerto Montt, Juventudes Libertarias. Ellos, en su totalidad, alegan ser inocentes y víctimas de una persecución por parte del Gobierno por su labor como activistas ambientales y sociales.

De acuerdo a sus declaraciones, los allanamientos no tuvieron autoridad judicial, fueron abruptos e injustificados. Argumentan que las acusaciones funcionaron para intimidarlos por tratar temas incómodos para el Gobierno. Es decir, en sus propias palabras, impedir que, “los dirigentes sindicales de los trabajadores salmoneros alcanzasen una mayor organización de los miles de cesantes que dejó la “exitosa” industria salmonera y que la pesca artesanal no entorpeciera el proceso de privatización del mar”.

Agregan que durante los allanamientos los decomisos de varias pertenencias como computadores, pendrives, cámaras y otros los han privado de seguir con su labor con temas ambientales y sociales de la industria de la acuicultura y la privatización del mar. Según ellos este acto fue hecho bajo coerción y fue irregular, lo cual fue determinado en los tribunales después del hecho. Sin embargo, a pesar de esto se retuvieron las especies por orden del mismo fiscal que sólo hace pocos días fue ordenado a devolverlas dentro de un plazo de diez días. Por esto mismo temen la posibilidad de que evidencia haya sido “plantada” en los artículos incautados para asegurar un juicio que lleve al encarcelamiento.

Reclaman también que sus llamadas telefónicas han sido interceptadas invariablemente al igual que sus correos electrónicos y el seguimiento de “agentes no identificados” lo cual consideran modos de represión, una represión que los ha hecho hacer un llamado abierto para solidarizar y colaborar con su defensa.

Esta semana al caso se concedieron 45 días más de investigación por el magistrado a petición del Fiscal.

Continúa debate sobre modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura

En enero de 2009 ingresó al Parlamento un proyecto de ley para modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de salmonicultura. Esta propuesta, impulsada por el Ministerio de Economía a través del Secretario Ejecutivo del Grupo de Tareas del Salmón, Felipe Sandoval, intenta apoyar el "rescate" de la industria salmonera en crisis desde julio de 2007.

Supuestamente su propósito es entregar un sistema de transferencia de concesiones acuícolas además de crear herramientas que permitan hipotecarlas con el fin de que las empresas, muchas endeudadas, puedan renegociar créditos entregando en garantía sus concesiones, así como reorganizar la actividad en el territorio para implementar un cambio en el modelo de producción, y de esta manera, intentar mejorar la situación sanitaria debilitada principalmente por el virus ISA.

El año pasado la Ley fue aprobada de forma “express” en la Cámara de Diputados con algunos cambios en materia laboral. Esto ocurrió a pesar del fuerte rechazo y protestas de organizaciones de la pesca artesanal, sindicatos de trabajadores salmoneros, operadores de turismo y organizaciones ciudadanas como "No a la privatización de nuestro mar". Como resultado, se logró que luego de ser vistas 260 indicaciones, este proyecto fuera despachado desde la Comisión de Pesca a la Comisión de Hacienda del Senado.

En esa instancia se debatieron varios artículos e incorporaron modificaciones como por ejemplo definir la duración para las nuevas concesiones en 25 años renovables y sucesivos. No obstante, aquí se mantuvo detenida hasta el miércoles pasado cuando finalmente fue aprobada aunque esta vez fue rechazada por la Cámara de Diputados por los artículos de la caducidad de las concesiones a empresas que fueran condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Con este rechazo, la Ley deberá ir a Comisión Mixta de Senadores y Diputados.

Esta nueva fase del debate de la Ley, impulsada por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, SalmonChile y los Ministros de Economía Hugo Lavados Montes y de Hacienda Andrés Velasco Brañes (PDC), ha sido fuertemente criticada por su carácter “privatizador”. De acuerdo a la organización ciudadana Ecoceanos, la Ley mantiene débiles medidas sanitarias y permitirá hipotecar las concesiones acuícolas y mercantilizar los 1.700 kilómetros de litoral costero marino entre Aysén y Magallanes para beneficiar especialmente a grandes inversionistas extranjeros en acuicultura. Con ello los bancos acreedores podrán establecer tranquilamente un mercado secundario de compra y venta de concesiones de acuicultura en Chile, acelerando los procesos de concentración económica y transnacionalización en la industria.

Los defensores de esta iniciativa en el Senado incluyen miembros de la Concertación y de la derecha como el presidente del Partido Socialista Camilo Escalona, Andrés Velasco (PDC) y Evelyn Matthei (UDI). En una declaración, el senador Carlos Ominami dijo que, “el carácter hipotecable de las concesiones, abre paso a la privatización. Es un tratamiento específico, discriminatorio a un sector que ha tenido extraordinarios problemas en su comportamiento ambiental, laboral y productivo...esta norma no tiene justificación y significa una suerte de privatización de un bien de uso público, porque las entidades financieras podrán rematarlas en un plazo de 3 años, si los titulares no pueden explotarlas directamente. Eso significa que finalmente será una entidad bancaria la que comenzará a administrar las concesiones acuícolas”.

Otros senadores a favor de destrabar el debate de modificación de la Ley como Muñoz Aburto (PS), Navarro (MAS), Girardi (PS), Ávila (PRSD) y Escalona (PS) al igual que Carlos Ominami se oponen principalmente a la eliminación de las causales laborales, especialmente de prácticas antisindicales. Según Juan Carlos Cárdenas, Director Ejecutivo de Ecoceanos, la industria salmonera es “una industria altamente cuestionada nacional e internacionalmente por sus altos índices de infraccionalidad y accidentabilidad laboral, ubicándola como la de peor desempeño entre sus pares a nivel global”.

Los senadores Escalona y Navarro dicen que eliminar los requisitos de cumplimiento laboral constituiría una muy mala señal internacional, a semanas del ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Alrededor de 30.000 personas han quedado desempleadas y sin un claro futuro de recontratación a causa de la crisis salmonera. Esta situación ha llevado a la región de Los Lagos a tener unos de los índices más altos de desempleo en el país.

En otros desarrollos, una propuesta de nuevos integrantes a la Comisión Nacional de Pesca, sometida por la Presidenta Bachelet en diciembre de 2009, recibió críticas por tener en la lista muchos profesionales vinculados directamente con grandes compañías pesqueras y con centros de estudios de la derecha empresarial.

Impactos ambientales: presente y futuro

Héctor Kol, biólogo y asesor de la Asociación Gremial de Organizaciones de Pescadores Artesanales de Aysén (AGO) Según varios informes la industria salmonera ha tenido poca o nula seguridad ambiental y ha sido caracterizada por las enfermedades y su rápida propagación, en especial el devastador virus ISA y los Caligus o “piojos de mar”. Ha habido carencia de tecnología y laboratorios y también irregularidades en las técnicas de análisis de laboratorio, lo cual dificultó la detección del virus en primera instancia. Una de las causas es que la falta de separación de reproductores (extranjero o reproducido en Chile) creó el problema de trazabilidad de la enfermedad. El Informe estadounidense titulado Ellis critica también el manejo de las aguas residuales de las plantas de proceso.

Algo igual de preocupante es que desde 2006 existen estudios que demuestran que en la salmonicultura se usan antibióticos prohibidos en Estados Unidos. Uno de estos análisis es “Antibióticos y Acuicultura en Chile”, del doctor en microbiología y académico Felipe Cabello que señala que entre los 16 tipos de antibióticos que se usan en Chile, hay 14 que están prohibidos por la acuicultura norteamericana. Entre ellos hay algunos que pertenecen a la familia de las quinolonas que son la última generación de antibióticos existentes. Las quinolonas, en su uso en la producción de alimentos generan resistencias a enfermedades no sólo en los animales tratados sino también entre sus consumidores.

Una investigación de la Fundación Oceana de 2006, reveló que el 40 por ciento de los peces silvestres testeados en el Estuario de Reloncaví contenían antibióticos que con certeza provenían de la industria salmonera. Por otra parte, un estudio realizado por el Instituto de Farmacia de la Universidad Austral, detectó dos tipos de antibióticos de la familia de las quinolonas en salmones que se venden en supermercados y ferias de la Región de los Lagos - flumequina y ácido oxolínico.

De acuerdo a la información entregada por el Ministro de Economía, empresas salmoneras en Chile utilizaron 385.635 y 325.616 kilos de antibióticos en 2007 y 2008, respectivamente, una cantidad exorbitante si se compara con Noruega, que para un nivel similar de producción de salmones el año 2007 usó sólo 600 kilos.

Por cierto los cambios a la Ley darán impulsos a la modificación de nuevas instalaciones salmoneras, las cuales se han concentrado en un nuevo lugar, la región de Aysén, elegida después de ser diezmado el mar de la región de Los Lagos. Aunque un nuevo estudio realizado por Héctor Kol acerca de las salmoneras en esta región señala varios problemas con éstas. En los dos últimos años las salmoneras han solicitado 2.500 nuevas concesiones, 900 en Aysén y 1.600 en Magallanes. Si sólo la mitad de ellas fueran aprobadas y se les autorizara en promedio 3.000 toneladas de producción, el total de salmones que podrían obtener estas empresas superaría los 5 millones de toneladas de salmones lo cual requeriría entre 25 y 50 millones de toneladas de pesca silvestre para alimentarlos, una cantidad que no existe en el mundo.

De acuerdo a las observaciones de Kol sobre las instalaciones de salmoneras proyectadas para la región de Aysén, tomando como ejemplo sólo la Isla Melchor, los proyectos “aprobados” y “en tramitación” en conjunto generarían una producción de 91.600 toneladas por año y una contaminación orgánica equivalente a 2,7 millones de habitantes. Para obtener esta producción, debieran invertirse entre 450 mil toneladas y 900 mil toneladas de pesca silvestre. Por eso considera que Chile simplemente no sirve para cultivar salmones, quizás principalmente por las condiciones climáticas, y que la Ley no se está modificando para refortalecer la industria salmonera ni crear nuevos empleos ni devolverles sus puestos a los miles de cesantes, sino que es un solución para el sector financiero que se desenvuelve en torno a la industria.

Todo las cifras provienen de las propias empresas, dice Kol, lo cual pinta un conjunto de intenciones de gestiones no sustentables que en su eventual funcionamiento impactarán fuertemente a los ecosistemas y afectará directamente a la pesca artesanal practicada sustentablemente por siglos en la región. Indudablemente sería similar a lo experimentado en la región de Los Lagos, cambiando drásticamente la actividad de sustento típica de la zona y desatando una serie de consecuencias socio-económicas para las comunidades afectadas. Cabe añadir que para Kol ésto conduce a dudar si realmente se utilizarán estas concesiones para la acuicultura cuando las concesiones de mar que siempre han sido en bien público queden en las manos del sector financiero.

Por: Roxana Bestrín.

Fuentes:

www.ecoceanos.cl

www.olca.cl

www.oceana.cl