El Ministerio de Obra Públicas (MOP) por parte del Comité Interministerial de Recursos Hídricos presentó una propuesta de ley para conservar el agua como un bien nacional y otorgarle al Estado el poder para reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas cuando así lo exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Esto se podría extender a posibilitar la caducidad de derechos de particulares actuales para satisfacer el bien común.
Según el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, “La rápida expansión de la demanda, en todos sus frentes: agrícola, minero, industrial y para consumo humano está generando una escasez que no habíamos visto antes. Y esto irá en aumento (…) Para mejorar el orden jurídico actual es indispensable partir por la Constitución, como ya lo han propuesto en múltiples mociones senadores y diputados de gobierno y oposición”. Por eso el proyecto busca incluir el agua como bien nacional en la Carta Fundamental.
Con la propuesta, articulada el 21 de septiembre, se argumenta que el Código de Aguas de 1981 define el agua como un bien común pero no la Constitución y esto ha causado que sea tratada como un bien económico. Por lo tanto se podría considerar que esto ha ayudado a su privatización, dejando más del 80% del total de aguas bajo el manejo del monopolio de tres compañías.
La situación se complica más aún con el Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, ratificado más recientemente en el 2000 por ambos parlamentos, que facilita el uso no restringido de recursos para la minería, inclusive el agua. La industria minera chilena tanto como la argentina ya ha aprovechado este tratado para usar el agua al detrimento de varios pueblos precordilleranos. De acuerdo a la Agencia Periodística Patagónica las empresas mineras de la Cordillera Central de Argentina usan entre 800 a 1000 litros de agua por segundo, hecho que ha alterado la cantidad de agua disponible y causado desastres ambientales a partir de la contaminación con tóxicos y minerales pesados.
Un aspecto de gran valor social y consideración ambiental de esta propuesta es la creación de corporaciones administrativas de cuencas, que serán agrupaciones públicas con personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, se espera establecer por ley la exploración, explotación y constitución de derechos de uso conforme a las particularidades geográficas y climáticas del país.
Por: Roxana Bestrín.
