Una intensa jornada vivieron este lunes los concejales de Puerto Varas luego que supieran de la existencia de la investigación especial realizada por la Contraloría Regional de Los Lagos, la cual da cuenta que el alcalde Álvaro Berger, los concejales Ariel Guzmán, Héctor Jacob, Eduardo Hernández, Fredy Opitz, Jimena Vargas, además del consejero regional Manuel Rivera deberían devolver millonarios recursos a las arcas municipales.
El informe evacuado el 30 de septiembre de 2015, señala “cabe mencionar, que con carácter de reservado el 30 de julio de 2015, fue puesto en conocimiento del alcalde, el pre informe de observaciones N°265, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieren. Luego, la entidad edilicia por medio del oficio ordinario N°678 de 2015, solicitó un aumento de plazo de 5 días hábiles, prórroga que fue concedida por esta Contraloría a través del oficio N°4314 de 17 de agosto, sin que al término de ésta ese municipio emitiera respuesta, por lo que las observaciones formuladas adquirieron el carácter de definitivas”.
En este contexto, la investigación se realizó luego que el concejal Juan Patricio Godoy solicitara varios antecedentes de sus colegas ediles referentes a comisiones de servicio en territorio nacional y extranjero; rendiciones de cuenta de fondos a rendir por cometidos de servicio, uso de vehículos municipales y los contratos a honorarios en el municipio lacustre de los ediles PS Héctor Jacob, Jimena Vargas y el Core Manuel Rivera.
De este modo parte del informe, publicado íntegramente por “El Heraldo Austral”, cuestiona temáticas como los viáticos del alcalde Berger en donde a partir de la muestra de 22 decretos se da cuenta que no se adjuntan antecedentes sobre 17 de ellos, por los que percibió la suma $ 2.054.265. Por no responder el pre informe del 30 de julio o se realiza la debida rendición o se restituyen los montos.
En cuanto a los viáticos sin antecedentes de concejales, la investigación determina que los concejales Opitz, Jacob, Hernández, Vargas y Guzmán deben restituir $ 11.618.506, ya que al igual que en el caso anterior el municipio no entregó respuestas a los puntos observados.
Punto aparte son los cometidos de servicio en el extranjero, donde en las letras a, b y c, del citado informe se alude a un cometido de servicio a la ciudad de Punta Arenas, por lo cual Héctor Jacob, Ariel Guzmán y Fredy Opitz recibieron $ 401.856 (c/u), equivalente a 728 dólares por 4 días de viático en la República Argentina, para asistir a una reunión con el Departamento de Medio Ambiente y Turismo los días 14 y 15 de mayo de 2014. En ese sentido el informe explicita que “a dichos personeros les correspondía recibir la cantidad de 60 dólares por la estadía de 4 días lo que sumaban 240 dólares”. El municipio no detalló la forma en que calculó el viático. Asimismo, no informó respecto del pago de viático nacional, por los días 15 y 18 de mayo. “Corresponde que la jefatura comunal requiera el reintegro de 728 dólares, equivalentes a $ 502.407 (calculado al 31 de agosto de 2015), a cada uno de los citados concejales”.
Asimismo el informe cita dos cometidos del concejal Ariel Guzmán, siendo el primero el fallido viaje a Gramado, en donde el decreto de pago N°5845, de 30 de octubre de 2014 da cuenta que a dicho concejal se le otorgaron montos por $ 1.917.804, para asistir a la Feria de Turismo de Gramado, Brasil, desde el 5 al 9 de noviembre de 2014. Sin embargo, Guzmán no explicó ante el Concejo ni a las autoridades del municipio las razones por las que no asistió a la referida comisión, por lo que no utilizó los recursos anticipados para tales efectos, los cuales reintegró el 29 de enero de 2015. La misma situación ocurre, con el decreto de pago N°5531 del 20 de octubre de 2014, ya que al concejal Guzmán se le otorgaron 300 mil pesos para gastos relacionados a reuniones en Santiago y Viña del Mar, sin que conste que haya asistido a tales comisiones y cuyos fondos al mes de febrero de 2015, no habían sido reintegrados como lo certificara la Directora de Administración y Finanzas del municipio.
A su vez en el Fondo Fijo entregado al jefe comunal puertovarino, de acuerdo a la muestra correspondiente a 7 decretos de pago, se verificó que al alcalde Berger se le entregaron recursos por $ 3.309.856, de los cuales en los decretos de pago 50, 299, 700, 5463 y 114 (4 de 2013 y 1 de 2014) los gastos se encuentran insuficientemente acreditados sumando un monto de 750 mil pesos.
Particular resulta lo expuesto por la investigación en torno al viaje realizado por el alcalde Berger y el concejal Jacob, además de otros funcionarios municipales al “Carnaval de Venecia” en Italia, en donde mediante el decreto de pago N°782 de 2014, se entregó al alcalde Berger fondos a rendir por 2 millones de pesos, para gastos en movilización dentro de Chile y en Venecia, donde estuvieron presentes desde el 28 de febrero al 8 de marzo de 2014. En dicho informe se hace alusión a Javier Soto, jefe del Departamento de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, quien no habría sido autorizado para efectuar el viaje con la venia del Concejo. En este sentido, la investigación revela que de la documentación de respaldo de la rendición se comprobó la existencia de boletos en los cuales se registran 4 y 5 pasajeros, sin especificar el trayecto ni los lugares a los que concurrió. En este sentido, el valor de los viajes realizados van desde los 40 a 740 euros, o en moneda nacional desde los 30 mil a los 571 mil pesos. Al no aportar respuesta al pre informe, la autoridad debe acreditar fundadamente los trayectos y pasajeros o bien devolver los recursos.
Otro punto que llama la atención del informe es sobre el traslado que realizó el concejal Héctor Jacob desde Puerto Varas al aeropuerto El Tepual, verificándose que en 5 decretos de pago se le entregaron recursos por 500 mil pesos, de los cuales se determinó que el decreto de pago N°3611 de 2013 por 98 mil pesos, el cual en los comprobantes de taxi números 82, 63 y 64 del 27, 30 y 29 de mayo de 2013, presentan inconsistencia entre la fecha y la numeración. A su vez, en rendiciones de cuentan aparecen recibos simples de dinero sin numeración, en el móvil conducido por Hugo Sepúlveda de propiedad de Anita Sara Jacob, hermana del concejal, lo que vulnera lo especificado en el N°3 de la resolución N°759 de 2003 de la Contraloría General de la República, según la investigación especial.
Respecto al concejal Eduardo Hernández, mediante el decreto de pago N°5.433 de 14 de octubre de 2014, el municipio entregó al concejal 200 mil pesos, para asistir a un seminario en Viña del Mar, determinándose que no adjunta la documentación de respaldo. A su vez, en otro de los aspectos solicitados para análisis por parte del concejal Godoy sobre el convenio que mantuvo el concejal Hernández con el municipio de Los Muermos, la Contraloría Regional no formuló observaciones, “por lo que cabe desestimar respecto de tales asuntos lo denunciado por el recurrente”.
En cuanto a los contratos analizados entre el municipio y los concejales Héctor Jacob (DAEM), Jimena Vargas (DESAM) y Manuel Rivera (DAEM), según detalla la investigación, éstos deberían devolver fondos por $ 12.800.000; $ 5.113.538; y $ 14.600.004, respectivamente. En el caso del concejal Jacob la investigación deja de manifiesto que de los informes entregados por los trabajos que habría realizado el concejal se comprobó que no existen evidencias del cumplimiento de lo convenido entre las partes, lo que fue corroborado por el Director (S) del DAEM, Luis Caucao. Atendiendo que el municipio no dio respuesta al pre informe corresponde requerir la restitución de los honorarios percibidos indebidamente, dado que no se encuentran debidamente acreditada la ejecución de las labores contratadas.
Sobre los honorarios percibidos por la concejala Jimena Vargas, de los informes entregados por los trabajos que habría realizado la señalada concejala se comprobó que no existe evidencias del cumplimiento de lo convenido entre las partes lo cual fue ratificado por Paula Brevis, Jefa (S) del Departamento de Salud, a través del cual señala que no existen informes de trabajo adicionales que demuestren el cumplimiento de sus funciones para el desempeño laboral durante el 2013 y 2014. Finalmente, en cuanto a los honorarios y contrato del Core Manuel Rivera en el municipio de Puerto Varas, el informe señala que el convenio era para desempeñarse como encargado de normas de Higiene y Seguridad en las dependencias de la municipalidad y en el DAEM, entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2013 el cual se aprobó por decreto alcaldicio N°827 del 1° de marzo de 2013. Las partes estipularon que Manuel Rivera debía cumplir como horario de trabajo un total de 44 horas cronológicas semanales de lunes a viernes en horario de 8 a 16:48 horas, acordándose el pago mensual de 600 mil pesos. Durante el 2014 y bajo los mismos términos, se contrató al mencionado Core, estableciendo los honorarios mensuales en 666.667 pesos, desde el 1° de enero al 31 de diciembre del 2014, convenio aprobado por decreto alcaldicio N°441, de 28d e enero de 2014. Por ambos periodos el DAEM pagó a Manuel Rivera la suma de $ 14.600.004, determinándose que las prestaciones no tienen características de ocasionales toda vez que el vínculo se prolonga por más de un año presupuestario, además no existe programa de actividades aprobado y una calendarización de las actividades que permita verificar el cumplimiento de dichos convenios. Se solicitaron los informes de los trabajos realizados y los antecedentes que respaldaran los mismos, así como el control de su asistencia, determinándose que Manuel Rivera no dio cumplimiento a lo señalado respecto del control de asistencia y su registro. Revisados los informes emitidos se verificó que no adjuntan antecedentes y además no guardan relación con lo estipulado en los respectivos convenios. Sin embargo, el cumplimiento de los mismos fue respaldado por el ex director del DAEM, Sergio Mansilla. Además se comprobó que en 2014 en varios meses se presentó el mismo informe. En este sentido, el municipio al no aportar respuesta al pre informe debe requerir el reintegro de la suma pagada indebidamente por labores no justificadas, ascendentes a $ 14.600.000 en un plazo de 30 días hábiles.
Durante la tarde noche de ayer, este medio tuvo la oportunidad de conversar con el concejal Eduardo Hernández, quien tuvo duros términos para los funcionarios municipales que no realizaron su labor como para el propio alcalde Berger, oportunidad en que manifestó “ me encuentro muy molesto por la inoperancia de tres funcionarios municipales que no dieron respuesta a un ente tan importante como Contraloría el día 30 de julio. Me refiero a la Unidad de Control, al asesor jurídico del municipio quien debe asesorar al alcalde y al Concejo Municipal, además de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), por no entregar los antecedentes de las observaciones que Contraloría estaba objetando. Lamento profundamente que el alcalde no se haya dado el tiempo de consultar a sus funcionarios si habían hecho el trabajo, esto demuestra nuevamente una nula capacidad de liderazgo por parte de la administración municipal; aprovecho esta instancia para informar a la comunidad puertovarina que todas las observaciones que me realiza Contraloría en ese informe se encuentran respaldadas”.
Por su parte, durante la misma tarde noche de ayer, desde el municipio se entregó un comunicado de prensa en donde el alcalde Berger indica que “no podemos avalar claros errores administrativos provocados por no saber responder en los plazos establecidos, sobre todo, de la Contraloría General de la República. Por ello, he instruido inmediatamente un sumario y la desvinculación del asesor jurídico (Marcelo Turra), por no haber entregado los antecedentes solicitados en un pre informe de Contraloría, en los plazos establecidos”.
Según el alcalde de Puerto Varas, esta situación “obedece a una negligencia administrativa de un departamento municipal, por no aclarar cuando correspondía un pre informe de Contraloría, debido a esa situación, dentro de esta semana, se instruirán los sumarios y los despidos correspondientes, por no seguir las instrucciones de resguardo administrativo y profesional que son y seguirán siendo un sello de transparencia al interior del municipio y el Concejo Municipal, además, de presentar nuestros descargos ante Contraloría de la República”.
Por: Jim Andrade Martínez.