En el marco de la investigación por malversación de caudales públicos desde el municipio de Llanquihue, causa que lleva adelante el fiscal de Puerto Varas, Marco Muñoz, durante el mediodía de hoy miércoles se realizó la formalización del alcalde de Llanquihue, Juan Fernando Vásquez y del ex contralor y abogado, Miguel Urrutia, por el delito de prevaricación de la profesión de abogado, ambos se suman a las formalizaciones realizadas anteriormente en contra del ex administrador municipal, Luis Saavedra y el concejal PS, Fernando Acuña, por el mismo delito que involucra al alcalde llanquihuano.
De este modo, y ante la magistrado Ximena Bertín del Juzgado de Garantía de Puerto Varas, de acuerdo a lo señalado en la audiencia por el fiscal Muñoz, entre enero de 2010 y diciembre de 2011, con ocasión de la ejecución del Programa de Empleo Comunal, denominado también Programas de Mejoramiento Urbano o PMU, financiado con recursos propios de la Municipalidad de Llanquihue, Luis Saavedra González -quien entonces ejercía como jefe subrogante de la Dirección de Administración y Finanzas- y el alcalde Juan Fernando Vásquez, “ambos a cargo de la administración y disposición de los fondos o caudales públicos del municipio, previamente concertados para ello, aprovechando su posición funcionaria privilegiada y la función que cumplían, en directa relación con los recursos económicos públicos de la Municipalidad de Llanquihue, sustrajeron y se apropiaron de la cantidad de $ 41.873.981 pesos, pertenecientes a esa entidad, valiéndose al efecto de 33 decretos de pago”. Parte de los montos fueron posteriormente entregados en dinero efectivo al imputado Saavedra González, para que éste supuestamente los utilizara en el pago de las remuneraciones de un grupo de trabajadores, respecto de los cuales simuló su contratación usurpando identidades.
La situación fue detectada en una auditoría realizada por la Contraloría Regional de Los Lagos, entidad que informó al alcalde sobre irregularidades relacionadas al destino y uso no acreditado de recursos económicos públicos. En ese contexto, los imputados Luis Saavedra y Juan Fernando Vásquez, y el abogado Miguel Urrutia Tobar, quien a la época se desempeñaba como asesor jurídico de la Municipalidad, se habrían reunido con miras a encubrir la sustracción de caudales. De este modo, según dijo el fiscal en la audiencia, «infringieron sus deberes funcionarios de probidad, vigilancia y obligación de denuncia”. Así –agregó el persecutor- se suscribió un convenio de pago en el que Saavedra se comprometía a reintegrar los fondos. “A través de dicho acto, el imputado Miguel Urrutia Tobar favoreció deliberadamente la posición de los imputados Luis Saavedra González y de Juan Fernando Vásquez Vásquez, en desmedro y perjuicio de su cliente, la Ilustre Municipalidad de Llanquihue”.
El segundo hecho que se imputó al actual alcalde de Llanquihue se habría registrado entre enero de 2011 y febrero de 2012. Según expuso el fiscal Muñoz Becker, «Luis Saavedra, junto con el concejal Fernando Acuña y Juan Fernando Vásquez, sustrajo y desvió a fines no institucionales, recursos económicos públicos pertenecientes a dicho municipio, por la suma total de $15.600.000 pesos». Para ello, se habría simulado la contratación de asesorías contables al municipio, que no se realizaron y a propósito de las cuales se generaron 13 decretos de pago, por el monto bruto de $1.333.333 pesos cada uno, para la cancelación de los supuestos honorarios, cuyos pagos, ascendentes a $1.200.000 mensuales se realizaron a través de transferencias electrónicas efectuadas con claves y tarjetas de coordenadas pertenecientes a los imputados, desde la cuenta corriente de la Municipalidad de Llanquihue.
Respecto del alcalde Juan Fernando Vásquez, los hechos imputados corresponden a delitos de malversación de caudales públicos y la Fiscalía le imputa participación en calidad de autor. El edil quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y con prohibición de comunicarse con los otros imputados en esta causa y con otras cuatro personas identificadas como testigos de acuerdo a la investigación fiscal. Se fijó un plazo para el desarrollo de diligencias de investigación de 150 días.
En el caso de Miguel Urrutia, la formalización es en calidad de encubridor de malversación de caudales públicos y como autor de un delito de prevaricación de abogado. El Juzgado de Garantía aprobó a su respecto la medida cautelar de prohibición de comunicarse con los otros coimputados de la causa y con un testigo.
Como querellante en la audiencia de formalización compareció el Consejo de Defensa del Estado, representado por el abogado Juan Carlos Zamora.
Tras la formalización, el alcalde de Llanquihue, Juan Fernando Vásquez, señaló estar tranquilo y que «siempre he dicho que soy una persona inocente, tengo mucha fe y confío en el trabajo serio del Ministerio Público. Considero que esto se va a aclarar de alguna forma y, como lo dije, soy un alcalde inocente. Estamos sacando un municipio pequeño adelante con mucha fuerza y energía». Consultado el jefe comunal sobre su participación en los hechos, este indicó que «obviamente los descarto, pero eso lo puede responder mi abogado técnicamente».
En cuanto al convenio de pago con el cual se habría tratado de encubrir la sustracción de recursos, Vásquez apunto que se basó «en lo que me manifestó mi asesor jurídico, y en base a eso actué, yo no soy abogado. Está claro y ustedes vieron en la audiencia las personas que sustrajeron esos dineros, yo no soy responsable de sustracción de dineros. Siempre lo he manifestado que hubo una fiscalización de Contraloría en marzo del 2012, posteriormente hubo un preinforme como dijo el fiscal, y ese preinforme se respondió a través de la administradora y el abogado a través de todo un equipo y con previa consulta a la persona investigada. En base a eso se elaboró la respuesta. Yo hice lo que correspondía desde el punto de vista jurídico de acuerdo a lo que me asesoró el abogado. Yo diría que pequé de confianza, le di confianza a ciertas personas y funcionarios y aquí hubo un abuso de confianza».