Tras el allanamiento a las oficinas del abogado y ex contralor regional Miguel Urrutia, quien es investigado por prevaricación en la investigación de corrupción pública en la Municipalidad de Llanquihue, causa que dirige el persecutor penal Marco Muñoz, el ex contralor a través de su abogado, Iván Castillo, presentó un recurso de protección en contra de la jueza de Garantía, Paula Caico, y el fiscal adjunto Marco Muñoz.
Sin embargo, el pasado viernes 14 de agosto, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, compuesta por los ministros Jorge Ebensperger, Leopoldo Vera Muñoz y el abogado integrante, Pedro Campos Latorre, rechazó dicho recurso.
En este sentido, en su fallo, la Ilustre Corte de Apelaciones estimó que “no se advierte que se hayan incurrido en actos arbitrarios o ilegales que hayan privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que se reclaman vulnerados o conculcados por el recurrente. Al contrario, los denunciados por éste han ajustado su conducta a los dictados por la ley y cumpliendo en su ejercicio con todas las exigencias que ella misma formula y demás resguardos necesarios”.
Cabe señalar que el abogado Miguel Urrutia Escobar se encuentra en calidad procesal de imputado, por hechos que se habrían verificado con ocasión de la asesoria jurídica que el abogado prestó al municipio llanquihuano.
Respecto al rechazo del recurso de protección, el fiscal adjunto de Puerto Varas, Marco Muñoz, señaló que “con este fallo de la Ilustre Corte de Apelaciones, no sólo valida las diligencias investigativas realizada por la Fiscalía de Puerto Varas al estimar que tanto el allanamiento como la incautación realizadas en la oficina del abogado Miguel Urrutia fueron ajustadas a derecho, sino que también refuerza uno de los principios de objetividad y propósitos de toda investigación penal, en el sentido de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y no hay nadie que esté sobre ella. Incluso los abogados, también pueden estar expuestos a la persecución penal cuando cometen actos que pueden ser constitutivos de delito”.