Parlamentarios piden a Contralor establecer ilegalidad en proceso de licitación para explotar litio

Los diputados de la Democracia Cristiana, Patricio Vallespín y  Matías Walker, se reunieron esta mañana con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, para solicitar su control de legalidad sobre lo que, a juicio de los parlamentarios, constituye “una abierta infracción a la legislación vigente en materia medioambiental”, refiriéndose al proceso conducente a la explotación del litio por parte de privados.  De esta forma, la Contraloría podría frenar este cuestionado proceso.

 

Los parlamentarios, que además anunciaron acciones en Tribunales, cuestionaron el Decreto Supremo del Ministerio de Minería, emitido el 19 de Mayo, que establece los requisitos y condiciones para la explotación de los  yacimientos de litio, señalando que “es abiertamente ilegal, toda vez que no ha cumplido con la normativa medioambiental establecida en la ley N° 19.300 sobre bases generales de medio ambiente”.

Al respecto, precisaron que dicha ley establece que “se someterán a evaluación ambiental estratégica las políticas y planes de carácter normativo general, así como sus modificaciones sustanciales, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, que el Presidente de la República, a proposición del Consejo de Ministros, señalado en el artículo 71, decida”.

El diputado Patricio Vallespín señaló que “esta evaluación estratégica medioambiental no se ha realizado y es evidente que una explotación del litio provocará impactos en el ecosistema. Además, aquí existe una clara responsabilidad del Consejo de Ministros, también establecida por ley.  El Ministro de Minería, Hernán de Solminihac, no cumplió su deber de haber sometido esta materia a consulta por el Consejo de Ministros creando una ‘política del litio’ sin verificar su impacto medioambiental de conformidad a la legislación actual”.

Por otra parte, el diputado Matías Walker (DC) agregó que “la evaluación ambiental estratégica es indispensable y necesaria, teniendo en cuenta que una explotación adicional de 100.000 toneladas de litio en el Salar de Atacama o en cualquier otro lugar del país, generará un gran impacto ambiental, pues éste se encuentra en bajas concentraciones en la salmuera del salar, concentrado en los primeros 50 metros de profundidad, desde donde se extrae por bombeo las salmueras y se evapora el agua para concentrar el litio al 6%. Esta explotación no es sustentable en el mediano y largo plazo, hay que evaluar los efectos negativos sobre las lagunas y ríos superficiales y la flora y fauna asociadas a estos ecosistemas, estos últimos   protegidos por ley”.

Vallespín agregó que “la falta de diseño y aprobación conforme a la Evaluación Ambiental Estratégica de una política o plan que genera impactos sobre el medio ambiente y la sustentabilidad supone no sólo un incumplimiento del instrumento en cuestión, sino también de los deberes formulados a nivel constitucional y legal. En el caso de los minerales –como el litio– existen diferentes deberes relacionados, incluyendo la preservación de la naturaleza (Art. 19 Nº 8 Constitución Política de la Republica); y, la conservación del patrimonio ambiental (artículo 2 b de la Ley Nº 19.300), todas características que posee el litio”.