Vecinos de planta petrolera insatisfechos por sanción aplicada a Copec

Como insuficiente calificó el diputado del Distrito 57, Patricio Vallespín, la sanción que la Comisión de Evaluación Ambiental aplicó a Copec, tras el derrame de combustibles registrado el pasado 6 de septiembre. A juicio del legislador, la multa “no se condice con la magnitud del daño que se está haciendo al medioambiente, a los pescadores, a los agricultores orgánicos, a los mitilicultores. Sólo se agregó, luego de la revisión de los datos, una multa adicional de 55 millones, que se suma a la anterior, llegando a un total de 337 millones”.


El diputado, que también estuvo acompañado por la Asociación de Pescadores y Buzos Mariscadores de Pureo, por representantes de la Junta de Vecinos, y por el biólogo marino Luciano Díaz, recalcó que “el estudio realizado por la empresa Golder, que fue pagado por Copec, tiene debilidades metodológicas y de procedimiento. Los vecinos señalan que muchas de las muestras que se tomaron, no fueron hechas en los lugares donde se presentó con mayor fuerza el derrame, y se hizo muchos meses después”, agregando que “lo más grave es que muchos resultados no son del todo compatibles con lo que organismos públicos señalaron y lo que es peor, hay conclusiones con poco fundamento. Decir que el daño es leve, cuando la Directemar dice que al menos es moderado, y otros indican que fue de gravedad, no cuadra”.

Considerando que se acreditó que hubo un derrame que generó daños a la comunidad del sector Pureo, Vallespín, junto a los vecinos, anunciaron que reactivarán la demanda por daños, perjuicios y lucro cesante, interpuesta en contra de la empresa. “Son 61 familias afectadas, que durante nueve meses no han podido desarrollar su actividad productiva. La demanda es por 872 millones de pesos, y creemos que las sanciones que se han aplicado y los resultados de las mediciones que han hecho varios servicios públicos dan elementos suficientes para que los tribunales hagan bien su tarea y hagan pagar a esta empresa por los daños que hicieron”, dijo el diputado; acción legal que se suma a la interpuesta por Germán Martínez, mitilicultor que se vio obligado a botar toda su producción de ostras y choritos por no poder venderlos, ya que la Autoridad Sanitaria decretó que no tenían autorización para consumo humano por estar contaminados.

Respecto a cómo la situación a afectado a las familias, Pedro Ampuero, representante de la Junta de Vecinos, manifestó que “esta empresa ha causado cesantía para los pescadores, buzos mariscadores y recolectores de orilla. No es posible que por culpa de esta empresa nosotros tengamos que estar comprando los mismos mariscos que antes nosotros recolectábamos y producíamos, lo que nos ha significado más gastos”.

El dirigente sostuvo que “hace nueve meses que no podemos recoger mariscos, por lo tanto no tenemos trabajo hace nueve meses, y lo peor es que no hemos recibido nada de apoyo de organismos del gobierno”.

Dudas técnicas

En cuanto a los detalles técnicos del estudio de Golder, Luciano Díaz recalcó que algunas de las conclusiones del informe que llaman la atención tienen que ver con el modelo de medición aplicado, que es de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y que se utiliza en zonas con patrones de circulación de agua restringida, es decir, bahías. “Observando la configuración morfológica de la poza Pureo, uno se da cuenta que pertenece más a un sistema léntico, asociado más a una laguna o a un embalse, por lo tanto el modelo aplicado podría ser invalidado”, dijo el profesional.

Considerando ésta y otras inquietudes, Díaz dijo que “muchas de las conclusiones son infundadas y científicamente no han podido avalarlas”.