Minera San Esteban debe pagar millonaria indemnización por muerte de trabajador en el año 2004

La Corte Suprema confirmó que la compañía minera San Esteban Primera y una empresa contratista deberán cancelar una indemnización por la muerte de un trabajador en faena minera en un accidente producido en el nivel subterráneo de la Mina San José de la Compañía Minera San Esteban Primera.

 

En fallo unánime la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Patricio Valdés, Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrante Arturo Prado- rechazó el recurso de casación presentado contra la sentencia que estableció una indemnización a favor de la viuda y los hijos de Pedro González Rojas, muerto el 4 de marzo de 2004.

El fallo determina que la viuda del trabajador fallecido, Jessica Morales Morales, deberá recibir la suma de $100.000.000 por el daño moral; en tanto, los hijos del trabajador -José Ignacio y Pedro González Morales- recibirán $80.000.000 de manera solidaria de parte de la Minera San Esteban y la empresa subcontratrista Edwin Holvoet y Compañía Limitada y su dueño Edwin Holvoet Tapia.

La sentencia del máximo tribunal determina que “la parte recurrente no proporcionó al occiso los elementos de seguridad apropiados y no supervisó ni coordinó adecuadamente medidas necesarias para prevenir los riesgos propios de la actividad minera”.

Pedro González Rojas fue contratado el 7 de octubre de 2003 para desempeñarse como operador o chofer de cargador frontal. El 4 de marzo de 2004, aproximadamente a las 21.00 horas, en el nivel subterráneo de la Mina San José de la Compañía Minera San Esteban Primera ocurrió el accidente que le costó la vida al trabajador.

Cabe recordar que hace unos días atrás el Consejo de Defensa del Estado aprobó un convenio con la minera San Esteban para pagar 5 millones de dólares por los gastos que involucró el rescate de los 33 mineros que estuvieron durante 70 días a 700 metros de profundidad en el accidente ocurrido en la mina San José. Asimismo este procedimiento generó la interposición de una demanda contra el Estado por daños y perjuicios por 7.750 millones de pesos que presentaron 31 de los 33 mineros rescatados en el año 2010.