Cierre de sede Viña del Mar de Instituto Incacea motivó querella por defraudación y estafa

Una querella criminal contra quienes resulten responsables de los delitos de defraudación y estafa por el cierre de la sede Viña del Mar del instituto INCACEA, presentó esta mañana el abogado Alejandro Chaparro, junto al diputado Rodrigo González, el concejal Andrés Celis y estudiantes del centro de educación superior que exigen el cumplimiento del contrato firmado al momento de matricularse.

 

En total son cerca de 120 los estudiantes que no seguirán cursando sus estudios superiores en el establecimiento, de propiedad de la Universidad Autónoma, indicando que el abogado que uno de sus dueños sería el actual ministro de justicia, Teodoro Ribera.

Al respecto, el abogado Alejandro Chaparro señaló que “la idea es denunciar a los tribunales de justicia, y para que investigue la Fiscalía, porque mis mandantes consideran que existe una defraudación, una estafa, por parte de los máximos representantes del instituto INCACEA, en particular por los sostenedores del establecimiento que son la Universidad Autónoma y sus dueños”.

El pasado viernes 6 de enero se le habría notificado a la directora del instituto viñamarino, por vía telefónica, el cierre de la sede, el que posteriormente se hizo efectivo con el traslado del mobiliario, sin que se cumpliera la obligación del compromiso contractual con los estudiantes.

“Mis representados señalan que se les ha engañado, se les ha dicho que se van a realizar modificaciones, propuestas y arreglos al desarrollo de su proceso educativo, y al momento de intentar la acreditación esta no fue lograda, por lo tanto se ha decidido el cierre de la sede Viña del Mar y han dejado sin respuesta a sus estudiantes, pese a que muchos ya han pagado su colegiatura y muchos han obtenidos créditos estatales y becas que ya han sido pagadas al instituto”, sostuvo Chaparro.

El abogado destacó que pese a que las penalidades por defraudaciones son bajas, “de existir un delito las autoridades deben responder penal y patrimonialmente, la idea no es iniciar una cacería de brujas en contra de las autoridades, lo que se busca es una reparación justa y una respuesta. La mayoría son mujeres y hombres jóvenes que están buscando una formación y que desean de parte del instituto que se les cumpla con su contrato; mis mandantes quieren que se repare y que no se frustre el sueño que tienen de ser profesionales”.

Por su parte, la vocera de los estudiantes afectados, Alejandra Chávez, indicó que “se avisó que se cerraba, nosotros nos enteramos a través de una jefa de carrera, vimos con nuestros propios ojos como se desalojaba el instituto, como se llevaban todas las cosas hacia Santiago, sabemos por boca de los profesores que los despidieron a todos, y esta gente tiene el descaro de estar llamando uno a uno a los estudiantes y decir que esto es una remodelación, llamando a matricularnos y subiendo las colegiaturas”.

La estudiante agregó que “hay gente que tiene créditos del Estado, becas, créditos internos del instituto, hay otros que no han terminado de pagar y han repactado su colegiatura. Esperamos poder terminar nuestros estudios, creo que la mayoría ya no en INCACEA por loo que ha pasado, y que se repare el daño hecho”.

Finalmente el diputado Rodrigo González llamó al ministro de Justicia, Teodoro Ribera, a asumir su responsabilidad en este caso, y dar una respuesta al centenar de estudiantes que no podrá continuar con sus estudios en el instituto viñamarino.