Economista pide mantener en 20% tasa de impuesto a empresas para financiar educación

En medio del fuego cruzado entre distintos sectores que ha generado el debate sobre una eventual reforma tributaria para financiar una transformación de fondo a la educación superior, y en el que también ha intervenido el Fondo Monetario Internacional (FMI) al apoyar un aumento de los impuestos para satisfacer las necesidades sociales del país, el economista y académico de la Universidad de Santiago, Francisco Castañeda, asegura que para sentarse a conversar bastaría con dejar los impuestos como están.

Según el experto, mientras se logra una reforma tributaria, se debe mantener la actual tasa impositiva para las grandes empresas.  “Hoy este impuesto corporativo está en la tasa de 20%, el que se incrementó en 3 puntos porcentuales después del terremoto. El cronograma de descenso de este tributo puede ser modificado, manteniéndose en este nivel actual”, sostuvo Castañeda.

En esa perspectiva, el economista recalcó en el programa “Sin Pretexto” de Radio Usach, que una parte de esa recaudación podrá financiar mayores aportes basales para las universidades del Estado -aparte del tradicional aporte fiscal directo que ya reciben- lo que permitiría reducir sustantivamente los aranceles universitarios, con el consiguiente beneficio para los estudiantes y sus familias.

“Esto podría financiarse con un 0.8% del actual impuesto de primera categoría a las empresas, unos 400 millones de dólares anuales, los cuales pueden utilizarse para alcanzar gratuidad hasta el séptimo decil en cuanto al costo de sus aranceles en la educación superior, complementando las actuales becas existentes”, explicó el experto. 
 

Fondos soberanos para financiar infraestructura educacional

En lo que a inversiones de largo plazo se refiere, como infraestructura, equipamiento e inversión en general, para universidades estatales y educación técnico profesional, Francisco Castañeda propone ocupar “por una sola vez” recursos de los Fondos Soberanos que Chile tiene el extranjero, equivalentes al 10% del PIB.

“Tienen una bajísima rentabilidad y se anticipan pérdidas de capital debido a la crisis global. Estos recursos, usados como inversión pública en educación generan una dinámica de rentabilidad social superior a esa magra rentabilidad obtenida en el extranjero. Permitiría mejorar laboratorios, equipamiento e  infraestructura, entre otros, del sistema de educación básica, potenciando, además y de verdad la formación técnico- profesional que reciben los segmentos más pobres en la educación secundaria”, aseveró el economista de la Usach.

Las universidades regionales también podrían recibir una parte de estos recursos, indicó el académico. “Universidades de regiones insertas en clusters productivos podrían desarrollar mejor su función pública en la medida que reciban recursos para sanear balances financieros e infraestructura”.

Sobre los controles, la gestión y la transparencia de estos recursos, Castañeda concluyó que “deben existir todos los controles imaginables sobre el uso de los recursos públicos”.