Sergio Ojeda, ante acusación de “Contacto”, señaló que certificados entregados se ajustaron a las normas exigidas

En un reportaje emitido anoche por el programa de Canal 13, Contacto, se dieron a conocer supuestas irregularidades en la entrega de beneficios económicos a exonerados políticos, que involucrarían, según la investigación periodística, al presidente de la CUT, Arturo Martínez y a los legisladores Isabel Allende, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro y Sergio Ojeda, los cuales habrían otorgado certificados avalando la condición de exonerados políticos de quienes no lo fueron o bien no cumplían con los requisitos exigidos para la obtención de beneficios.

Ante esto el diputado DC Sergio Ojeda, quien es además presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, señaló que todos los certificados que entregó “se ajustan a las normas exigidas, debiendo posteriormente ser revisados por una comisión especial”, acusando a la derecha de intentar “desestabilizar y silenciar a la Comisión de Derechos Humanos en la denuncia de abusos y violaciones a los Derechos Humanos”.

 

Ojeda agregó que “todos los certificados que entregué se ajustan a las normas exigidas, la ley nos autorizaba para apoyar las solicitudes y, éstas, debían ser analizadas y ratificadas posteriormente por una comisión especial”. Precisó estar “agradecido de haber ayudado a muchas personas que sufrieron en dictadura, siendo perseguidos, encarcelados y desvinculados de sus trabajos en forma autoritaria y brutal”.

Esta mañana la diputada RN Karla Rubilar indicó que solicitarán un ministro en visita con dedicación exclusiva al caso y la renuncia de Ojeda al cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, frente a ello el parlamentario interpelado puntualizó que “lo que hay detrás, especialmente de las declaraciones de la diputada Karla Rubilar, es el ánimo de silenciar y desestabilizar a la Comisión de Derechos Humanos, que se ha dedicado a poner en agenda todos los abusos que el país ha visto en los últimos meses: las detenciones ilegales, la criminalización del movimiento estudiantil, la persecución a los mapuches y los atropellos de las fuerzas policiales en las manifestaciones. No nos van a silenciar”.

Sobre las personas de su región a las que entregó certificados, precisó que “no los abandoné; certifiqué su calidad de trabajadores y de exonerados porque los conocía. Fuí abogado de los trabajadores agrícolas de la Hacienda Rupanco, donde conocía a cada trabajador y a sus familias, como también fui abogado de los Sindicatos Agrícolas y otros por muchos años. Esto me daba la autoridad para ayudarlos.”

Explicó que “los certificados eran sólo uno de tantos antecedentes que se acompañaban para acreditar su calidad de exonerado. De tal forma que no era determinante. Tanto es así que algunos de los certificados no fueron considerados. No éramos nosotros los diputados los que evaluamos o calificábamos. Era el Presidente de la República el que calificaba la calidad de exonerado, la Contraloría de la República, la que visaba su autenticidad y posteriormente, el INP, que en base a todos los antecedentes acumulados, pagaba los beneficios.”