Si le roban el teléfono se podrá bloquear el chip y el equipo para evitar aumento de delitos

El Gobierno anunció la implementación de un sistema que permitirá a los chilenos inutilizar los teléfonos celulares que les han sido sustraídos, luego de realizar la denuncia en las compañías telefónicas.

El Ministro Rodrigo Hinzpeter indicó que todo quien sea víctima de robo de teléfono celular podrá llamar a la compañía respectiva y bloquear, además del número, el equipo móvil lo que hará inservible ese artefacto a quien lo quiera vender o comprar, todo lo que apunta a inhibir el robo de teléfonos celulares, delito que en el año 2010 superó las 340 mil unidades sustraídas.

El Subsecretario de Telecomunicaciones Jorge Atton añadió que además de los teléfonos celulares se podrá bloquear cualquier aparato que utilice la red móvil para comunicarse como módem USB, tablets, entre otros

A partir de ahora los afectados por la sustracción de celulares informarán a las compañías, las que estarán obligadas a bloquear la tarjeta SIM y el aparato telefónico de manera definitiva. La habilitación de la tarjeta o aparato se podrá hacer sólo si la persona dueña del aparato lo solicita explícitamente.

Hasta hoy, frente al robo, hurto o pérdida de un celular, la víctima debía informar a la compañía para que ésta bloqueara la tarjeta SIM y el aparato telefónico. No obstante, si la persona no ratificaba personalmente la información en la sucursal y en un plazo de 5 días, la empresa podía habilitar nuevamente el teléfono, lo que hacía que el robo de uno de estos aparatos fuera muy atractivo para los delincuentes.

De esta forma, ya no se podrán hacer llamados ni enviar mensajes del aparato denunciado, porque quedará íntegramente bloqueado e inutilizado de manera instantánea. Esto, porque tampoco se podrá intercambiar la tarjeta SIM lo que impedirá que sean revendidos o comercializados como simples bienes de segunda mano.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones informó que a marzo de 2011, los teléfonos móviles activos en Chile alcanzan los 21 millones de aparatos; de los cuales el 70% corresponde a prepago y el 30% restante a contrato.

En un plazo máximo de 60 días, las compañías deberán disponer el procedimiento respectivo para que los clientes puedan bloquear el equipo sin complejos trámites.