Mediante un comunicado público el Consorcio de Universidades del Estado indicó que, analizando el discurso presidencial y las medidas del acuerdo GANE, valoraron la propuesta que contempla un fondo basal para la revitalización de la educación «es primera vez que un Gobierno después de la reforma de 1981 asume este compromiso». Recalcaron que les gustaría una declaración más explícita por parte del Presidente acerca del compromiso con la educación superior pública «en particular, con una atención preferente del Estado hacia sus universidades».
«Del mismo modo, nos satisface que se mencione la creación de una Superintendencia de Educación Superior», agregando que «en este sentido, postulamos que las instituciones del sistema universitario, tanto públicas como privadas, deben estar sometidas a la más completa transparencia y rendición de cuentas de la totalidad de sus ingresos y egresos, y que debe existir fiscalización por parte del Estado de la ley que prohíbe el lucro en las universidades».
Acerca del fondo de 4 mil millones de dólares, el Consorcio demostró su preocupación de que sea un fondo común para la educación general, técnico profesional y universitaria «donde un 60% de sus recursos están ya comprometidos en el incremento de la subvención educacional de básica y media. Por ello, se hace necesario que el Gobierno precise cuales son los fondos nuevos y adicionales que se incorporarán para la educación superior. Chile está aún lejos de los niveles de gasto fiscal en educación superior de los países de la OECD y no hay un compromiso de plazos y montos claros para alcanzar, al menos, el promedio de dichos países».
«En materia de ayudas estudiantiles, compartimos que hay que reformar el sistema de Crédito con Aval del Estado, en la dirección de no gravar a las familias de sectores vulnerables y de clase media con una deuda por largos años y de costos elevados. Sin embargo, las soluciones no pueden significar subsidios al sistema financiero, pues actualmente los bancos no están traspasando a estos créditos la ventaja que significa tener el aval de las universidades y del Estado hasta por un 90% de la deuda. Además, hay un doble subsidio a través de la compra de cartera que hace el CAE a los bancos, que alcanza a un 45% de los créditos licitados en un año. Esperamos que la reforma para reemplazar el actual crédito con Aval del Estado contemple estas prevenciones».
«Respecto a las medidas relativas al Crédito Solidario, consideramos que son insuficientes, pues se limitan a una reprogramación. Los Fondos Solidarios de Créditos de las universidades públicas requieren un compromiso del Gobierno para incrementarlos».
«Asimismo, en materia de admisión, valoramos que se consideren criterios de equidad, al incorporar mecanismos de reconocimiento de talentos diversos a la PSU, tales como el ranking de egreso de la educación media, lo que hace necesario dotar a las instituciones de fondos adecuados para acoger y nivelar a estos alumnos», concluyeron.