Movilización convocada ayer por las 4 asociaciones gremiales del Poder Judicial en apoyo a la ANEF tuvo pleno éxito
Jueces, profesionales de la administración, funcionarios y consejeros técnicos cumplieron ayer por espacio de 2 horas una “jornada de reflexión” al interior de los tribunales desde las 8.30 hrs. en todo el país y cuyo objetivo fue solidarizar con los demás trabajadores del sector público agrupados en la ANEF.
Si bien no se trató de una paralización, el trabajo se tornó lento y sólo fueron atendidas aquellas diligencias urgentes e impostergables para lo que se recurrió a la modalidad de “turnos éticos” en juzgados de Garantía y Familia. En la mayoría de los tribunales y salvo excepciones puntuales, se realizaron reuniones con los funcionarios y se manifestó solidariamente reflexionando sobre el estado de las negociaciones con el Ejecutivo.
Cabe señalar que a pesar de la ralentización del trabajo, se atendieron audiencias de violencia intrafamiliar, control de detención, libertades y la vista de recursos de protección urgentes en el caso de las Cortes de Apelaciones. En otro ámbito, sin embargo, otras diligencias fueron retrasadas o reprogramadas.
En ciudades como La Serena, Concepción, Puerto Montt y Temuco la jornada alcanzó el 100% de adhesión y en ella participaron funcionarios, administradores, consejeros técnicos y jueces, incluidas las Cortes de Apelaciones. En Santiago en tanto, la movilización se concentró en el Centro de Justicia y Juzgados del Trabajo, con igual resultado. En San Miguel la movilización se llevó a cabo en los juzgados civiles y de familia. Lo propio ocurrió en Valdivia, Osorno, Talca y comunas como Puente Alto, Pudahuel, Angol y Villarrica.
En reunión sostenida el lunes a última hora, las asociaciones de magistrados, profesionales de la administración, consejeros técnicos y funcionarios del Poder Judicial acordaron adherir a la movilización convocada por la ANEF para ayer miércoles en respuesta a la negativa del Gobierno de flexibilizar su postura en torno al reajuste original del 3,7% ofrecido a los trabajadores del sector público y de no acoger el resto de sus peticiones.