Los concejales de Puerto Montt no podían quedar al margen del hecho que afecta estos días al Municipio, en cuanto a que el tribunal de Garantía de la capital regional
, ordenó la incautación de doce buses de transporte escolar, traídos desde Estados Unidos, ante un posible delito aduanero.
El edil Leopoldo Pineda declaró que «No pueden ser las niñas y niños de los sectores más apartados y con menos condiciones económicas los que paguen los platos rotos de una posible internación irregular de los buses ‘amarillos’, nuestra justicia debiera aplicar con criterio las sanciones a posibles irregularidades, el remedio recetado por la justicia no puede agravar la enfermedad de las malas prácticas que pudieran haber existido en la internación de los buses».
A su ves el concejal Pedro Sandoval consideró la medida como «completamente inadecuada e innecesaria» y que a su parecer «no permite determinar si la internación de los buses escolares se ajusta o no a derecho , sino que resulta perjudicial para los más de 2.500 alumnos que hacen uso de este beneficio, muchos de ellos de familias humildes de los sectores rurales.”
Ambas autoridades coincidieron en la necesidad de minimizar los negativos efectos que esta medida puede significar a la comunidad escolar.