Un positivo balance del sistema procesal penal y de la gestión realizada por la Defensoría Penal Pública, realizó el Defensor Regional, Francisco Geisse Graepp, al cumplirse el sexto aniversario de la implementación de este nuevo sistema de justicia en la Región de Los Lagos.
Geisse recordó que la Reforma Procesal Penal tuvo una implementación gradual en el país, iniciándose el 16 de diciembre del año 2000 en dos regiones pilotos (IV y IX). «Sólo a partir del 16 de diciembre de 2003 la Reforma se encuentra plenamente vigente en la Región de Los Lagos, momento desde el cual los ciudadanos cuentan con una justicia que resuelve en forma eficiente, transparente, imparcial, accesible y con respeto a los derechos fundamentales los conflictos sociales, resguardando tanto los derechos de las víctimas como los de los imputados», dijo el defensor.
El personero agregó que la evaluación de los primeros seis años de reforma es más que positiva. “En nuestra región hoy se respetan las garantías básicas del debido proceso: el derecho al juez independiente e imparcial; el derecho a un juicio oral, público y contradictorio y el derecho a un defensor técnico y de confianza. Se trata de logros grandes para la ciudadanía”, sostuvo.
Junto con señalar que el sistema ha significado un proceso exitoso de modernización para la administración de justicia, el Defensor Regional dio a conocer el último informe estadístico elaborado por la institución con cifras que demostrarían la eficacia y rapidez del sistema respecto al antiguo procedimiento penal.
Cifras
Desde el 16 de diciembre de 2003 y hasta el 14 de diciembre de 2009, la Defensoría ha atendido a 65.441 personas, de las cuales, el 97% tienen sus causas terminadas (63.462 imputados). Mientras que 1.979 personas mantienen sus causas en trámite, es decir, sólo un 3%, lo que demuestra la rapidez en la tramitación de las causas.
Del ingreso total de ingresos, un 13% corresponde a mujeres y un 10% a adolescentes menores de edad.
El abogado también mencionó que del total de imputados atendidos en este periodo, 42,7% han concluido sus causas mediante salidas alternativas; tales como suspensiones condicionales y acuerdos reparatorios, las que muchas veces resultan más eficientes para resolver los conflictos penales, asegurando la paz social y resguardando el interés de las víctimas y garantías de los imputados.
Geisse señaló que el análisis estadístico de la Defensoría ha permitido apreciar que desde la entrada en vigencia de la Ley de Violencia Intrafamiliar el año 2005, se ha generado un importante efecto respecto del tipo de causas atendidas por la Defensoría Penal Pública y de las prácticas de los demás intervinientes que participan del sistema.
Es así como uno de los efectos observados es el crecimiento significativo del delito de lesiones, constituyéndose en el delito más atendido por defensores penales públicos durante el último periodo, alcanzando a un 19%. Así, del total del delito de lesiones ingresadas a la institución, un 56,8% corresponden a causas por violencia intrafamiliar.
Al delito de lesiones le siguen los hurtos con un 14% y los delitos que sanciona la ley del transito con un 13%, esencialmente conducción en estado de ebriedad.
Geisse recalcó que hasta la fecha en la Región se han realizado 1.493 juicios orales de los cuales 1.230 (78,6%) han finalizado con condena y 263 (21,4%) con absolución.
Privación de libertad
El defensor manifestó su preocupación por la aplicación de la prisión preventiva, las que –a su juicio- podrían generar penas anticipadas sobre las personas que están siendo investigadas. Así, de 263 personas absueltas en juicio oral desde el inicio de la reforma, 142 de ellas habían padecido la prisión preventiva, es decir, un 54% de estos inocentes.
Geisse señaló que su institución ha garantizado en estos seis años el derecho a defensa técnica consagrada constitucionalmente para todos los ciudadanos. «A pesar de la dispersión geográfica de los tribunales de la Región, lo que muchas veces obliga a nuestros defensores a recorrer grandes distancias para asistir a audiencias en las localidades más apartadas. Se ha cumplido tanto en cobertura como en calidad del servicio», dijo el abogado.
«Todavía nuestra tarea es a veces incomprendida, pero lentamente la población ha podido constatar las ventajas que representa contar con una defensa oportuna y prestada por abogados especializados, garantizando así la igualdad ante la ley también para quienes no cuentan con recursos económicos suficientes», puntualizó.