Informes de Contraloría revelan graves deficiencias en Corporación de Asistencia Judicial

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Serias insuficiencias en infraestructura, equipamiento, gestión de recursos financieros y humanos develaron tres informes del órgano Contralor tras una auditoría nacional solicitada por la diputada Marisol Turres en el año 2008 a las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) del país.

La parlamentaria expresó que sólo faltó información de la región Metropolitana, pero que en las Corporaciones de Tarapacá y Antofagasta, Valparaíso y la del Bío Bío -de la cual depende la región de Los Lagos-, se detectaron oficinas en precarias condiciones, como el caso de las nuevas dependencias para casos de Familia en Puerto Montt. La situación se repite en Freirina, Vallenar y Caldera, sedes en que sólo se cuenta con una oficina para recepcionar y atender los casos, lo cual naturalmente impide una confidencialidad en el diálogo entre usuario y abogado.

También en Chañaral, Freirina y Caldera los equipos computacionales son antiguos y no permiten conectarse a la red interna de la Corporación impidiendo el acceso al sistema de información en línea.

En gestión de recursos financieros, manifiestó Turres, el presupuesto del Ministerio de Justicia considera 12 mil millones al año para las CAJ mientras que para la Defensoría Penal «que defiende a traficantes, homicidas, violadores, tiene un presupuesto de 33 mil millones anuales».

Sobre recursos humanos además de la carencia notoria de personal, el informe señala que existen muchos profesionales, especialmente abogados, que no cumplen con las jornadas laborales o que mantienen contratos paralelos con la CAJ y otros organismos públicos – incluso con un mismo horario de trabajo -  hecho por el cual se lleva un sumario contra siete abogados.

La diputada UDI consideró la necesidad de un servicio moderno para brindar justicia a las personas de escasos recursos que ven lejanas las posibilidades de defensa de derechos en las actuales condiciones.

Por: Mauricio Sáez E.