La diputada UDI Marisol Turres señaló que “entre julio y octubre del 2008, esto es, antes de las elecciones municipales, el Consejo de la Cultura financió eventos y espectáculos masivos en diferentes comunas del país, denominadas Actividades de Extensión Cultural, gracias a un aumento de presupuesto por $1.741 millones de pesos transferidos por el Ministerio de Hacienda. La Ministra de Cultura no ha informado a Contraloría ni a la Cámara de Diputados en detalle sobre esos dineros, lo que es un hecho grave. Debe informar a Contraloría el programa de las actividades, antecedentes básicos, objetivos, identificación de beneficiarios, productos esperados, cronograma de actividades, montos programados para cada una de ellas, etc., por lo que Contraloría está realizando una nueva auditoria”, señaló Turres.
“Contraloría constató que no existen antecedentes que acrediten que el Consejo hubiese pedido a Hacienda ese aumento de presupuesto, es decir, el Programa se creó luego del aumento de recursos y ahí comenzaron a improvisarse actividades”.
La diputada Turres informó que “Contraloría auditó $ 437 millones, esto es, el 25% del total del Programa de Extensión Cultural y cuestionó la legalidad de gastos por más de $385 millones, por violación a las normas de la ley 19.886, sobre compras públicas, por ejemplo:
- $212 millones fueron cuestionados porque las órdenes de compra, resoluciones y contratos, se emitieron con fecha posterior a la prestación de los servicios y se “regularizaron” extemporáneamente en el Sistema de Contratación Pública,
- otros $86 millones se contrataron en forma directa sin publicar en Chile Compra. Por ejemplo se pagaron $6.664.000, para la «Cumbre Ranchera» realizada en Talcahuano el 27 de septiembre de 2008, verdadero acto de campaña a favor del alcalde suplente y candidato de la izquierda Gastón Saavedra,
- y $84 millones tienen resoluciones que autorizan y aprueban contratos con fechas posteriores a la realización de los servicios.
Por estas y otras razones Contraloría está realizando una nueva auditoria al Consejo de la Cultura, que debe preparar un informe detallado de todos esos gastos.
“Algunos funcionarios, como la ex jefa de Administración y Finanzas, representaron oportunamente la ilegalidad de esos gastos, lo que no fue considerado por las autoridades del Consejo, entre ellos, el ex Subsecretario Barrios y la Ministra Urrutia. Contraloría realiza un sumario para establecer las responsabilidades por los incumplimientos de la ley 19.886, de Compras Públicas”, señaló Turres.
“Esto es extremadamente grave, pues no hay que olvidar que el Consejo de la Cultura despidió a los funcionarios que tuvieron el valor de representar a sus Jefes la ilegalidad de los gastos y las irregularidades de su gestión, por lo que además se hace imprescindible dar protección a todos los funcionarios públicos denunciantes, sin importar su calidad jurídica, esto es, si están de planta, contrata u honorarios”.
“Este lunes, usando la ley de trasparencia, solicitaré que el Ministro de Hacienda explique por qué transfirió esos $1.741.882.853 al Consejo de la Cultura si no existían antecedentes técnicos que justificaran el aumento de presupuesto. Asimismo, pediré que la Ministra Presidente del Consejo de la Cultura explique en detalle como se gastó en cada región esa millonaria suma de dinero y su justificación “cultural”; además, pediré que explique por qué despidió a los funcionarios públicos que denunciaron los gastos ilegales, pues el Informe de Contraloría demostró que esos funcionarios sólo buscaban proteger el uso correcto de los recursos”, finalizó la diputada UDI Marisol Turres.