Walterio Vargas, ex – alcalde de Llanquihue enfrenta juicio oral por malversación de caudales públicos

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Por cuatro delitos de Malversación de Caudales Públicos y uno de Fraude al fisco, el ex edil Llanquihuano, Walterio Vargas Gómez, afronta el tribunal de Juicio Oral de Puerto Montt junto a su hijo Marco Antonio Vargas Astete, acusado de dos delitos de Malversación.

En un proceso que se puede extender por cinco días, los abogados de la fiscalía, un querellante y el representante del Consejo de Defensa del Estado buscan demostrar la participación de Walterio Vargas e hijo en delitos que representaron directo perjuicio al Municipio de Llanquihue por una cantidad de $ 23.286.071. Según lo presentado en la primera jornada, Vargas habría emitido documentos al portador que eran cobrados por su hijo en el Banco, siendo que los procedimientos administrativos señalan que los cheques debían ser emitidos en forma nominativa y visados por otro funcionario al menos. El fiscal Nain Lamas detalló que en algunas ocasiones los documentos se respaldaban con facturas a pagar que nunca fueron canceladas o bien por trabajos que no se efectuaron.  En el alegato de apertura el Ministerio Público declinó presentar prueba por varios cheques.

Atestiguó por la Fiscalía, el actual Contralor Regional, Ricardo Provoste, quien en mayo de 2005 era fiscalizador del organismo y que tuvo la misión de revisar por cuatro semanas en terreno, los antecedentes de las acusaciones que versaban contra Walterio Vargas detectando durante su trabajo aspectos irregulares en la administración municipal. Comentó que existían decretos de pago sin firmas de quienes correspondían, trabajos que no se efectuaron, pagos firmados sólo por el alcalde y no por el secretario, la emisión de cheques al portador y el cobro de los documentos por personas distintas a las que se giraban.

Para Walterio Vargas Gómez se pide pena de prisión de 13 años, pago de multa de 15 UTM e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos u oficios públicos. Para Marco Vargas Astete el Ministerio Público requiere pena de presidio efectivo de 10 años, pago de una multa de 11 UTM y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos u oficios públicos, lo que se suma a una demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado por más de 23 millones de pesos. La defensa requiere la absolución de ambos imputados.


Por: Mauricio Sáez E.