El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Portuarias, y las empresas portuarias estatales de Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas suscribieron un protocolo de entendimiento de coordinación interinstitucional para el desarrollo de la inversión y operación de la red portuaria austral desde Puerto Montt al Cabo de Hornos.
El acuerdo se enmarca en la visión MOP de la infraestructura portuaria y costera que el país necesitará al año 2020 para atender la demanda del transporte de carga nacional e internacional, conectividad marítima del país, turismo, actividad pesquera y acuícola, y espacios públicos costeros.
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar destacó que “tratándose de una región que corresponde a un tercio de Chile donde vive menos del 3% de la población, puede ser uno de los territorios con mayor expansión en el siglo 21, necesitamos entonces tener una política de estado más fuerte. La clave en lograr estos objetivos es mantener una capacidad de futuro, derivando esta mirada a una política de futuro que incorpore los distintos elementos que cada actor portuario debe aportar”.
Daniel Ulloa, director nacional de Obras Portuarias señaló que existe consenso respecto a la necesidad de ampliar y mejorar la red portuaria principal y secundaria de la macro región austral, desde Puerto Montt al Cabo de Hornos. “La principal vía de comunicación es el mar, constituyendo los puertos prácticamente el único medio para la transferencia y el transporte tanto de carga como de pasajeros asociados al cabotaje”, destacó.
Patricio Campaña, gerente general de la empresa portuaria Puerto Montt dijo que “desde el punto de la visión logística de la macroregión sur austral, es un excelente comienzo que lleva a que las acciones que se emprendan permitan el desarrollo social e industrial de la macro zona”.
Enrique Runín, gerente general de la empresa portuaria Chacabuco manifestó que “el protocolo es un instrumento muy importante para las acciones de coordinación para el desarrollo de infraestructura portuaria, en lo que respecta al aprovechamiento mutuo de las experiencias de cada una de las partes. La competencia de Obras Portuarias en la construcción de infraestructura portuaria y la capacidad de gestión y administración de las empresas portuarias”.
A su vez, Eduardo Manzanarez gerente general de la empresa portuaria Austral indicó que “significa aunar voluntades de organismos públicos para desarrollar infraestructura que estaba entrabada por la ley 19.542, por lo que es un avance sustantivo para desarrollar infraestructura pendiente en zonas alejadas y singulares”.
El ministro Bitar, mencionó que “la ley de puertos tiene el artículo 19 que es confuso lo que puede llevar a frenar completamente la acción del estado y si no hay interés de privados o si no hay voluntad del estado por subsidiar a un privado para que realice los trabajos, no pasará nada. Y en caso de que esto no ocurra, nosotros debemos definir para que exista una capacidad de acción como lo que se está realizando en Castro. Ojalá pudiéramos avanzar en este tema para dejar como legado un acuerdo donde incorporemos todas estas inquietudes para el próximo Gobierno”.
El protocolo establece que las partes deberán definir los requerimientos de inversión en la red de infraestructura portuaria austral desde Puerto Montt al Cabo de Hornos; elaborar una propuesta de modernización de la gestión de la infraestructura portuaria para los sectores industrial, acuícola y turístico; y coordinarse para la asistencia técnica y definición de estrategias de financiamiento para la implementación de una futura cartera de proyectos.
Infraestructura para el 2020
El MOP en su conjunto trabajó en una visión de Estado al 2020, definiendo ejes estratégicos a seguir para la próxima década, como el implementar la infraestructura en cantidad y calidad necesarias para estimular el desarrollo productivo del país y de las regiones, proveer servicios de infraestructura para garantizar en el mediano plazo la integración y el desarrollo equilibrado del territorio nacional y contribuir sustantivamente al desarrollo social con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de ciudades y sectores rurales.
Además de aportar a la seguridad estratégica de la nación, dotando de infraestructura para el uso eficiente del agua, energía y obras de conectividad resistente a catástrofes naturales; y proporcionar servicios de gestión, fiscalización y planificación que aseguren el resguardo medio ambiental asociado al cuidado del agua.