Senador Navarro: «Estoy en contra de una ley trucha sobre salmones»

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“Absolutamente en contra de tener una Ley trucha sobre barrios salmoneros, que no garantice elementos esenciales como el resguardo al patrimonio estatal, ambiental y laboral de los trabajadores de la Región de Los Lagos”, el senador Alejandro Navarro reiteró su voto en contra a la iniciativa y junto a sus pares Carlos Ominami y Guido Girardi y con las organizaciones Ecoceanos, OLCA, el Centro de Conservación Cetácea y la Federación de Sindicatos de Pescadores solicitaron al Gobierno que retire el Proyecto de Ley de Acuicultura que privatiza el mar con concesiones hipotecables y a perpetuidad.

Navarro dijo que “no podemos permitir que nuestro mar termine en manos del mejor postor. Claramente esta es una hipoteca y por lo tanto, no da una garantía de producción de empleo permanente y adecuado para enfrentar la crisis de la Región del Los Lagos. Lo que aquí ha habido es un chantaje: la industria va a generar empleo, va a atacar un problema grave que tenemos, pero siempre y cuando haya una concesión hipotecable. O sea, cuando los recursos del Estado se pongan a disposición de los privados. Y eso no lo permitiremos”.

El legislador del MAS expresó que “esta no es una ley para los salmones es una Ley trucha. Una iniciativa que busca generar ingresos y riquezas para el sector salmonero, un sector que además ha fracasado, y aún con todos estos antecedentes lo que se hace es premiarla en vez de ponerle más fiscalización”.

Jorge Cumming dirigente de la CUT de la Provincia de Llanquihue fue enfático en señalar los daños que producirá la Ley de Pesca “no existen garantías para los trabajadores, sólo para los salmoneros, con esta ley se entrega derechos a la industria del salmón, pero no queda claro las condiciones para los pescadores artesanales ni para el turismo, pues no establece sí se prohíbe o permite el ingreso de estas importantes fuentes de trabajo por los barrios salmoneros que se pretenden entregar”.

Cumming dirigente de una de las provincias más afectadas señaló que los trabajadores están indignados en la región por la Ley de Pesca, “hemos sostenido diversas reuniones con autoridades manifestando nuestro profundo rechazo antes las fatales consecuencia de esta ley. Hace tres semanas nos reunimos con Felipe Sandoval, encargado de la mesa del Salmón del Gobierno, con los empresarios y también estuvimos presentes más de trescientos dirigentes en la sesión de la Comisión de Pesca del Senado que se efectuó en Puerto Montt. En ambas oportunidades le hicimos ver nuestra preocupación por los temas pendientes que deja la ley, pues no establece ninguna garantía ambiental ni laboral. Pesé a esto vemos que se está legislando en las mismas condiciones, dando la espalda a los trabajadores y desconociendo los daños futuros”

El presidenciable resaltó que “si estas concesiones son entregadas en garantía a los bancos, sería especialmente grave. Como consecuencia, se daría legitimidad al funcionamiento de un mercado secundario de transacción de estas concesiones. Esto atenta contra el espíritu del sistema de concesiones, en el cual el Estado cede parte de su propiedad a los privados para el desarrollo de actividades productivas, no para la especulación financiera.

“¿Cuánto pagaban las salmoneras al Estado? Dos UTM por hectárea al año; es decir, exactamente 73 mil 700 pesos anuales. En el caso de la Región de Los Lagos, Aisén y Magallanes, en las 10 mil hectáreas que estas poseen actualmente, en el año 2007 se pagó por concepto de concesiones de la industria salmonera el 0.2 por ciento de sus utilidades, y solo el 0.053 de sus ventas”.

Se pasa a llevar a los artesanales

Por otro lado, Navarro enfatizó que “los pescadores artesanales han sido muy claros en señalar que el artículo 47 de la Ley de Pesca declara que el uso de las 5 millas es reserva de la pesca artesanal al ejercicio de las actividades extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas, medidas desde la línea de base normales, a partir del límite norte de la República y hasta el paralelo 41°28,6’ de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas. Es decir, con esta iniciativa se está vulnerando un principio esencial de la Ley de Pesca, en particular en resguardo de los intereses del sector artesanal.