“Falta de servicio”, figura contemplada en el artículo 42 de la ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, constituye el precepto legal en el que se apoya la demanda contra el Estado presentada en el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, por la diputada Marisol Turres respaldando a los familiares de Vitalicio Altamirano Vega, hombre de 71 años que fue asesinado en septiembre de 2007.
En esa ocasión un menor de 16 años de edad propinó 38 estocadas a Vitalicio Altamirano, causándole la muerte. Momentos antes de cometer este delito ya había agredido a otro joven con el arma blanca. En el primer juicio oral el joven fue condenado, pero la Defensoría recurrió de nulidad a la Corte Suprema por errores en el procedimiento de Carabineros, el tribunal superior aceptó el recurso y se inició un segundo juicio, en el cual fue absuelto. Hoy el joven camina libremente por las calles de Carelmapu.
Enrique Altamirano Raddatz, hijo de la víctima expresó su profundo dolor: “solicitamos en parte que reparen un enorme daño que está hecho y será para siempre… ha pasado un año y siete meses y el dolor sigue tal cual como el primer día, no tenemos justicia, se habla mucho de la puerta giratoria, para nosotros ni siquiera hay puerta, entonces creemos que alguien tiene que hacerse responsable de esto porque no puede ser que un asesino ande libre”.
“Lo mínimo que pedimos es que el Estado responda por la actuación de sus funcionarios, no se busca algo monetario, el daño no tiene precio como familia”, puntualizó Altamirano.
Por: Mauricio Sáez E.