Caso Huenante no pasa a Fiscalía Militar

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En casi una hora de audiencia, la magistrado Marcela Araya, de la segunda sala del Tribunal de Garantía, escuchó la postura de las partes en atención a traspasar el conocimiento, investigación y fallo del caso Huenante a la Justicia Militar o si el tribunal penal ordinario es competente para conocer la causa.

La fiscalía, representada por Sergio Coronado, expresó sus argumentos detallando que los carabineros desvinculados, Juan Altamirano, Patricio Mena y César Vidal realizaron el operativo en un vehículo policial, con ropa policial asistiendo al sector en modo de cooperación a otras patrullas, lo que el Ministerio Público califica como «Acto de servicio», amparándose en el artículo 421 del Código de Justicia Militar. Agregó Coronado que el delito sería uno de tipo común en circunstancias de desempeño de funciones de los policías.

Recordemos la contradicción en la versión de Fiscalía que en la audiencia del 15 de marzo señaló claramente que «no es un acto de servicio, no fue ejecutado por empleados públicos en su calidad de tal, simplemente eran personas vestidas de Carabineros, en un auto de Carabineros que ejecutaron un delito común».

En tanto el abogado querellante de la causa no coincidió con la petición del Ministerio Público de traspaso a la Justicia Militar, invocando una figura penal en derecho Internacional que habla de «Desaparición forzada», la que conlleva detención, tortura y secuestro, además de expresar una serie de garantías procesales que la justicia penal ordinaria puede resguardar.

La parte defensora, compuesta por los abogados Rafael Gallardo y Jorge Vásquez, cuestionaron la oportunidad de solicitud de incompetencia añadiendo que a los imputados ya se les otorgaron garantías constitucionales y procesales conforme al nuevo sistema penal.

Una vez atentidos los requerimientos de las partes, la jueza Marcela Araya confirmó que la causa continúa en la justicia penal común en orden, principalmente, a que el Ministerio Público no ha presentado nuevos antecedentes desde la primera audiencia del 15 de marzo y los hechos no están determinados con claridad.

Concluida la audiencia, el fiscal Sergio Coronado indicó que continuarán trabajando en las diligencias investigativas, indagando aristas que habrá que reforzar. Se suma a las diligencias la planificación que se está haciendo de la reconstitución de escena que debe ser lo más apegada a las condiciones que habían la madrugada del día 3 de septiembre de 2005. El Ministerio Público analizará la instancia de apelar a la resolución, lo cual debe ocurrir dentro de 5 días hábiles.

 

Por: Mauricio Sáez E.