Senador Navarro presentó recurso de queja contra notario puertomontino y de protección contra estudio jurídico por el caso “Lista de Schirmer”

Una simple maniobra que varios hemos hecho al estar en internet, tipear nuestro nombre en el buscador Google, generó que el nombre de quien consultaba, presidente de un sindicato de Aquacards, apareciera en el popular sitio vinculado a la base de datos del estudio jurídico Schirmer y Asociados, información que en ese entonces era pública. Sorpresa causó en el dirigente el ver también el nombre y datos personales de otros trabajadores de empresas pertenecientes a la lista de clientes de los abogados que prestan asesoría en temas laborales.

El senador Alejandro Navarro se enteró de esto el viernes pasado y concurrió a la notaría de Hernán Tike a certificar la existencia de la página web que mostraba los datos personales de los afectados, pero el ministro de fé se negó a otorgar certificación y también declinó informar por qué motivo, situación que derivó en la presentación de un recurso de queja disciplinaria contra el notario ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

En el mismo tribunal, 20 trabajadores presentaron un recurso de protección contra el estudio jurídico Schirmer y Asociados por atentar contra el derecho a la libertad de trabajo y su protección al haber publicado un “listado de personas que han interpuesto demanda en contra de sus empleadores o han sido objeto de querella por parte de le empresa, detallando nombre, apellidos, número de cédulas de identidad de operarios y dirigentes sindicales”, indica el documento.

Alejandro Navarro lamentó que la acción no esté tipificada como delito, para lo cuál se comprometió a elevar una moción en el Parlamento. “El derecho de los trabajadores y dirigentes sindicales está muy desprotegido. Los abogados que asesoran a salmoneras debieran tener respeto por los dirigentes”, enfatizó.

“Las listas negras existen en los sectores del Cobre y Forestal, a quien aparece ahí no le dan empleo, es un pacto de sangre, donde todo se ejecuta con complicidad pero sin acuerdo formal. Muchos de ellos se encuentran cesantes o a sus familias le ha sido negado el acceso al trabajo”, finalizó.

Por: Mauricio Sáez E.