Diputado Vallespín celebra aprobación de Estatuto PYME, nueva institucionalidad y el fin de prácticas abusivas

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Junto con la creación de división especial para fortalecer a las pymes, se agregan cláusulas que evitan las prácticas abusivas de los grandes empresarios en perjuicio de los más pequeños. Pago a proveedores no podrá exceder los 30 días.


Como un «proyecto clave que mejorará la competitividad de las pequeñas empresas y terminará con las cláusulas abusivas» calificó hoy el diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Vallespín, la iniciativa aprobada en la Cámara Baja y que proporciona un nuevo marco jurídico especial para las empresas de menor tamaño.

Así lo explicó, tras la votación, el diputado por Puerto Montt, quien indicó que «este proyecto es emblemático para la DC y representa un aporte real para mejorar las condiciones actuales en que se desempeñan las pymes, protagonistas claves en nuestra economía, especialmente en el empleo y en la capacidad productiva».

Sobre la iniciativa, el diputado informante, Patricio Vallespín, explicó que, «sin duda, el avance más importante, junto a la  existencia de un nuevo trato para las pymes, es la existencia de una cláusula que evitará las prácticas abusivas de los más grandes hacia los pequeños».

Al respecto, precisó que «la cláusula impulsada por la DC señala que se entenderá como práctica abusiva aquella en que en un contrato prime la voluntad del empresario mayor, especialmente en lo que respecta a los pagos; entendiéndose como abusivo un pago a los pequeños proveedores que exceda los 30 días, lo que hoy lamentablemente es bastante común, afectando la liquidez de las pymes».

En términos generales, agregó Vallespín, el proyecto facilita la existencia de las empresas de menor tamaño, más de 700 mil en el país, entregando una serie de facilidades y apoyo del Estado, otorgando, entre otros aspectos, flexibilidades para el cumplimiento de normas sanitarias y permisos provisorios de funcionamiento.

Asimismo, agregó que «se crea una división especial, la Subsecretaría dedicada a las empresas de menor tamaño, que tendrá la obligación de fortalecer a las pymes y asegurar que los instrumentos creados para ellas, efectivamente se encuentren a su disposición; esto representa una nueva mirada, un nuevo trato y marca un antes y un después».

Sobre otros aportes, el diputado Vallespín señaló, que «este proyecto tiene la gran virtud de mejorar la competitividad de las pymes, buscando una institucionalidad coherente con la necesaria igualdad de condiciones que requieren las pymes para competir y asegurar su capacidad productiva».

Agregó, además, que «se realiza una adecuada definición de las microempresas, para evitar problemas en la focalización de los beneficios; se suma un marco regulatorio que genera buenas practicas especiales a las pymes; se otorgan permisos provisorios, facilitando la puesta en marcha de las pymes; y, en suma, se fortalece, también, una nueva forma de aplicación de la ley laboral, no para promover los abusos, sino para tratamientos especiales, de acuerdo al número de trabajadores y las sanciones, valorando la particularidad de las micro y pequeñas empresas.».

Se define a la microempresa como aquella empresa cuyos ingresos anuales por ventas y servicios del giro sean hasta 2.400 unidades de fomento; la pequeña empresa, cuyos ingresos son superiores a 2.400 y hasta 25.000 unidades de fomento; y a la mediana empresa, cuyos ingresos son superiores a 25.000 y no superan las 100.000 unidades de fomento. Todas éstas se incluyen dentro del concepto de Empresas de Menor Tamaño. El resto de las empresas, aquellas con ingresos anuales por ventas y servicios del giro sean superiores a las 100.000 unidades de fomento, quedan en consecuencia en la categoría de empresa grande.