Con el informe 104/2008 de Contraloría en sus manos, el Concejal por Puerto Montt Marcos Velásquez, anunció que el órgano fiscalizador instruyó el comienzo de un sumario administrativo contra organismos de Gobierno por hechos que significarían intervencionismo electoral.
Velásquez expresó que el 11 de julio de 2008, la Seremi de Gobierno de la época, Lorena Saavedra, envió un correo electrónico a los Seremis, Jefes Regionales de Servicios Públicos y a los Gobernadores, adjuntando un acta de Gabinete ampliado, relacionado con la reunión de Gabinete Regional del 7 de julio que habría contenido, según lo que manifiesta el Concejal, las acciones a seguir ante el período electoral de las Municipales 2008. Según consigna el informe de Contraloría 6 horas después de enviado el primer correo desde la oficina de la Seremi de Gobierno se despachó un segundo solicitando eliminar el mensaje previo “argumentando razones de errores de forma y fondo del texto”. Agrega el Concejal que luego de esto la Ex Seremi fue marginada de varias actividades terminando con su renuncia en diciembre pasado.
En el informe se señala que en la reunión de Gabinete Regional participó el Intendente, SEREMIS y Gobernadores de la Región y los Directores de Cultura y las Artes, SENAMA y CONAMA, entre otros. En la ocasión se trataron 6 puntos, entre estos los denominados “Sistema Político” y “Reforma Previsional”. El documento señala que se comprobó que la frase “durante este período se está jugando la vida la Concertación. Sólo trabajaremos por los candidatos a Alcalde de la Concertación” fue pronunciada en la ocasión lo que, a juicio de Contraloría, transgredió un artículo del Estatuto Administrativo que prohíbe a los funcionarios públicos realizar actividades políticas dentro de la Administración del Estado.
Además, se añaden actividades relacionadas a la difusión de la Reforma Previsional y la Segunda Asamblea del Adulto Mayor, las que habrían atentado contra el ámbito de competencia válido de los Órganos del Estado por lo que vela la Constitución y la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Marcos Velásquez concluyó que esperará el resultado del sumario administrativo que determinará responsabilidades y posteriormente evaluará la presentación de acciones judiciales.
Por: Mauricio Sáez E.